La Cámara de Diputados de Paraguay está debatiendo un juicio político contra el presidente Santiago Peña debido a la crisis de Ueno bank, una entidad financiera intervenida esta semana por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia. Peña, quien asumió el poder en agosto de 2023, ha limitado sus apariciones públicas a mensajes en redes sociales y no ha ofrecido declaraciones a la prensa desde que estalló el escándalo.

La acusación, respaldada por 35 legisladores de oposición y disidentes del oficialismo, señala un «grave y sistemático mal desempeño de sus funciones» y busca activar el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución para retirar la investidura del mandatario. La crisis ha generado incertidumbre entre los 2,9 millones de clientes de Ueno bank y ha abierto un nuevo frente político para Peña.

El presidente se encuentra en la residencia presidencial, conocida como Mburuvicha Róga, mientras periodistas esperan una conferencia de prensa. La intervención de Ueno bank, que recibió millonarios recursos de entidades públicas, ha dejado los ahorros de miles de usuarios congelados, lo que ha desatado protestas y reclamos.

Durante el debate, que inició a las 10:38 hora local, los legisladores analizarán la acusación presentada por la oposición. El oficialista Partido Colorado ha respaldado el juicio político para «reencauzar la institucionalidad de la República», según su líder, el exmandatario Horacio Cartes.

El Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de Ueno bank había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, lo que llevó a la decisión de cerrar la entidad. Esta crisis ha afectado no solo a los clientes del banco, sino también a varias instituciones del Estado que tenían recursos allí.

La acusación contra Peña incluye supuestos conflictos de intereses y una presunta cooptación del Estado. Se menciona su vinculación con Ueno Holding, de la cual vendió sus acciones en abril de 2025, y la designación de Carlos Carvallo como titular del Banco Central, quien había presidido la Financiera Ueno.

Además, se denuncia una «injerencia presidencial indebida» en el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país y tiene aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno bank, lo que representa el 9 % de sus inversiones.

La Constitución establece que para que el juicio político avance, se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja, y posteriormente, el Senado actúa como juez. Si se declara culpable, Peña podría ser separado anticipadamente del cargo.