Más de un centenar de fábricas han cerrado en Bangladés debido a protestas salariales, que han dejado un trabajador muerto y 30 detenidos, interrumpiendo la producción en uno de los principales centros de confección de ropa del mundo. La movilización afecta a una industria que emplea a aproximadamente cuatro millones de personas y genera más del 80 % de los ingresos por exportaciones del país asiático.
Las protestas se intensificaron el pasado fin de semana en los alrededores de Daca, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la Policía. El 1 de noviembre, 529 plantas suspendieron su actividad y cerca de 987,000 trabajadores abandonaron sus puestos, según la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladés (Bgmea). Este jueves, el jefe de la Policía Industrial, Gazi Jashim Uddin, confirmó que 128 fábricas permanecían cerradas y que se habían practicado 30 detenciones.
La principal reivindicación de los trabajadores es aumentar el salario mínimo mensual de 12,500 takas (unos 100 dólares) a 30,000 takas (unos 244 dólares), ante el aumento del costo de vida. El salario mínimo actual fue aprobado en noviembre de 2023, tras otra oleada de protestas que dejó al menos cuatro trabajadores muertos, cuando el Gobierno aumentó la remuneración en un 56 %.
Impacto de la industria textil
Bangladés es el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir, después de China, y un centro de producción clave para marcas como H&M, Zara y Uniqlo. La mayoría de estas marcas no fabrican directamente, sino que contratan a empresas independientes que gestionan las fábricas y contratan a los trabajadores.
La industria textil genera alrededor de 40,000 millones de dólares anuales en exportaciones y es el principal motor comercial del país. Las marcas internacionales negocian con los fabricantes el precio de las prendas y los plazos de entrega, lo que influye en los márgenes de los fabricantes y su capacidad para asumir aumentos salariales.
Aunque algunas fábricas han reanudado la producción, más de un centenar permanecían cerradas este jueves bajo un amplio despliegue policial. El Gobierno ha creado una comisión salarial que se comprometió a revisar las remuneraciones del sector, aunque aún no ha concretado la cuantía del aumento.
