La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) enfrenta críticas por la actuación de la jueza Wendy Polanco Santos, quien está al frente de la Sala Tercera del Tribunal Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo. Se cuestiona la validez de las certificaciones expedidas por el Colegio de Abogados, que indican que abogados condenados en primer grado están inhabilitados, a pesar de que estos han apelado sus sentencias ante la Suprema Corte de Justicia.

El Artículo 21 de la Ley 3-19 establece que el Tribunal Disciplinario de Honor puede conocer denuncias y acusaciones de faltas cometidas por abogados, y que sus decisiones son recurribles ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el Colegio de Abogados ha interpretado erróneamente el Artículo 23, al expedir certificaciones que no reflejan el estado real de los recursos interpuestos por los abogados condenados.

Las certificaciones del Colegio de Abogados, que afirman que los abogados están inhabilitados, carecen de valor frente a la documentación que demuestra que estos han interpuesto recursos ante la Suprema Corte de Justicia. La ley establece que solo una decisión firme del Tribunal Disciplinario puede llevar a una suspensión efectiva de la membresía, lo que no se ha cumplido en los casos mencionados.

En un caso específico, dos abogados condenados a tres años de suspensión en primer grado presentaron copias de sus recursos ante la jueza Polanco Santos, junto con certificaciones del Secretario de la Suprema Corte de Justicia que confirmaban la existencia de sus apelaciones. A pesar de esto, la jueza decidió ordenarles bajar del estrado sin considerar la validez de sus recursos, lo que ha sido calificado como una arbitrariedad.

La actuación de la jueza ha generado preocupación sobre la calidad de la formación recibida en la ENJ, ya que se espera que los egresados manejen adecuadamente los temas constitucionales y los derechos fundamentales. La crítica se centra en que la jueza Polanco Santos no ha demostrado el conocimiento y la destreza que deberían caracterizar a un juez formado en esta institución.

Se plantea la necesidad de una revisión interna en la Escuela Nacional de la Judicatura para entender cómo se permitió que una jueza con tales deficiencias saliera de sus aulas. La situación pone de manifiesto un posible fallo en el proceso de formación y selección de jueces, lo que podría tener repercusiones en la administración de justicia en el país.

La Escuela Nacional de la Judicatura debe reflexionar sobre su papel y la calidad de sus egresados, ya que la presencia de jueces como Wendy Polanco Santos podría afectar la confianza en el sistema judicial dominicano. La comunidad jurídica espera que se tomen medidas para asegurar que los futuros jueces estén debidamente capacitados y comprometidos con el respeto a los derechos fundamentales.