La necesidad de contar con un registro preciso sobre discapacidad en la República Dominicana ha cobrado relevancia para el diseño de políticas de inclusión efectivas. Esta urgencia se ha visto impulsada por el trabajo de organizaciones y fundaciones dedicadas a la discapacidad, así como por el liderazgo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID).
Como resultado de esta creciente concienciación, se han implementado la Ley No. 5-13 sobre Discapacidad y la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista. Además, se ha desarrollado el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 y el Catálogo de Intervenciones de los Servicios Regionales de Salud. A nivel internacional, el país ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que guía las políticas públicas de los Estados firmantes.
A pesar de estos avances, el país aún carece de datos precisos sobre el porcentaje de su población que presenta alguna condición de discapacidad, lo que dificulta la orientación de estrategias adecuadas en este ámbito. El X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, que incluyó por primera vez preguntas sobre discapacidad, es la fuente oficial más reciente, aunque su enfoque no permite identificar condiciones específicas.
Las preguntas incluidas en el censo abordan aspectos como la visión, la audición, la movilidad y la cognición, pero, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), no están diseñadas para identificar condiciones específicas de discapacidad. Esto ha llevado a un subregistro, que puede ser resultado del ocultamiento de la discapacidad por parte de los encuestados o de la forma en que se plantean las preguntas.
Para mejorar la calidad de los datos sobre discapacidad, se han propuesto diversas estrategias que buscan optimizar la recolección de información. Estas incluyen la inclusión de datos sobre la niñez, la consideración de limitaciones del desarrollo y psicosociales, así como la formulación de preguntas que eviten el estigma social.
Aunque el censo de 2022 adoptó un enfoque de funcionamiento acorde a estándares internacionales, la ONE sugiere que los resultados pueden ser enriquecidos para eliminar el subregistro, mejorando la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad. La CEPAL ha indicado que no es suficiente con controlar las respuestas, sino que se requiere un enfoque más inclusivo.
El país ha sentado las bases para mejorar la confiabilidad de las estadísticas sobre discapacidad a través de la Ley General sobre la Discapacidad, que establece un sistema de registro a cargo del CONADIS y promueve metodologías estandarizadas en censos y encuestas. Estos aspectos fueron considerados en el censo de 2022.
Finalmente, se recomienda involucrar a las organizaciones de personas con discapacidad en las fases previas de los operativos estadísticos, lo que es crucial para lograr un proceso de recolección de información que sea inclusivo y coherente con las necesidades de esta población.
