Los comercializadores de vehículos en República Dominicana enfrentan sanciones que suman RD$36.7 millones por violaciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Este sector es el más sancionado del país, seguido por empresas constructoras e inmobiliarias, con penalidades que varían entre 300,000 pesos y 13.9 millones de pesos.
Desde 2021, la DGII ha emitido 48 resoluciones sancionadoras contra firmas y personas, la mayoría de las cuales han sido clasificadas como leves. De estas, 36 sanciones han sido dirigidas a dealers o concesionarios, nueve a constructoras, y el resto a una empresa de servicios inmobiliarios, otra de contabilidad y una persona física vinculada a la joyería.
La mayor sanción impuesta hasta ahora fue contra el propietario de una joyería, quien recibió un castigo de 13.9 millones de pesos por resistencia u obstrucción a la labor inspectora, así como por no designar un oficial y un órgano de control interno de cumplimiento. Este monto forma parte del total de penalidades administrativas firmes impuestas por la DGII en materia de prevención de lavado de activos.
A pesar de que los importadores de vehículos son los más castigados, la mayoría de las infracciones cometidas por este sector son consideradas leves. Estas violaciones incluyen el incumplimiento de la obligación de remitir información estadística a la DGII dentro de los primeros 15 días hábiles tras la finalización de cada trimestre, lo que ha resultado en sanciones administrativas de 300,000 pesos en cada caso.
Sin embargo, algunas empresas, como Auto Lujosa, Ochoa Hermanos, Alamsa y Ciber Dealer, han enfrentado sanciones superiores a esta cantidad por infracciones más graves, como retrasos en la entrega de información y la falta de identificación de riesgos de clientes y operaciones.
En el sector de la construcción, las empresas sancionadas por la DGII han sido penalizadas por no designar un oficial de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y por no informar sobre este oficial. También se han registrado incumplimientos en la remisión de información estadística, todas clasificadas como infracciones leves.
Las autoridades continúan supervisando a los sectores involucrados para asegurar el cumplimiento de la normativa, lo que refleja la importancia de la regulación en la prevención del lavado de activos en el país.
