El Gobierno español ha informado que solo 901 personas de las 163,355 que obtuvieron la nacionalidad española por la ley de nietos podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Esto se debe a que la mayoría no ha podido acreditar a tiempo su condición de descendientes de exiliados.

La lista con los nombres de los nacionalizados fue entregada por el Gobierno al Tribunal Supremo este miércoles. La ley de nietos, parte de la Ley de Memoria Histórica, permite a los hijos y nietos de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual optar por la nacionalidad española.

En septiembre, el Supremo suspendió provisionalmente las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta que se verificara que los nacionalizados cumplían con la condición de ser descendientes de exiliados. Esta decisión fue en respuesta a un recurso de Iustitia Europa y el partido de ultraderecha Vox.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo había solicitado al Gobierno la relación nominal de las personas que tienen suspendido su derecho al voto, advirtiendo sobre posibles multas por incumplimiento. La suspensión se implementó debido a una instrucción del Gobierno que consideraba exiliados a todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955, sin requerir documentación adicional.

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha criticado la falta de apoyo del Ministerio de Exteriores a los cónsules para cumplir con el requerimiento del Supremo. En un comunicado, la asociación destacó que los cónsules han seguido las instrucciones para tramitar las solicitudes de nacionalidad, a pesar de la falta de recursos.

Los diplomáticos señalaron que el Ministerio de Exteriores no ha reforzado las plantillas ni ha proporcionado la herramienta informática necesaria para gestionar los expedientes, lo que ha dificultado el proceso. En su lugar, solo se ha ofrecido una alternativa rudimentaria y poco eficiente.

El Supremo aún debe pronunciarse sobre las peticiones de medidas cautelares presentadas por Iustitia Europa, que buscan extender la suspensión del derecho al voto a los hijos de quienes accedieron a la nacionalidad por la ley de nietos y a aquellos que se trasladaron a España desde el CERA.

La situación plantea un desafío para los afectados, quienes deben cumplir con los requisitos establecidos para poder ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.