El Parlamento de Honduras aprobó un paquete de reformas penales que endurecen las sanciones contra las pandillas y otras estructuras criminales, incluyendo penas de hasta cadena perpetua para sus líderes. La medida fue respaldada por 118 de los 128 diputados y busca fortalecer las herramientas legales para combatir organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18, que operan en el país desde hace más de tres décadas.
Las reformas, impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) bajo el liderazgo del presidente Nasry ‘Tito’ Asfura, modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Según las autoridades, las pandillas están relacionadas con la extorsión, el narcotráfico y la mayoría de los asesinatos en Honduras, que sumaron aproximadamente 2.629 en 2025.
Cambios en las sanciones
Entre los cambios más significativos se encuentra la reforma del artículo 587 del Código Penal, que establece condenas de 30 a 40 años de prisión para los miembros de estas organizaciones. Los líderes y quienes financien a las pandillas podrían enfrentar penas de 40 años hasta cadena perpetua.
Además, se establecen sanciones de ocho a diez años por atentados contra la autoridad y prisión perpetua para quienes asesinen a funcionarios de justicia o seguridad en el ejercicio de sus funciones. También se prevén penas de entre 30 y 40 años para quienes realicen grafitis o mensajes relacionados con amenazas o intimidación.
Medidas adicionales en el sistema penitenciario
El paquete de reformas incluye la prisión preventiva obligatoria para los imputados por asociación terrorista y amplía el plazo para poner a disposición judicial a detenidos por delitos graves, de 24 a 48 horas. En cuanto a los centros penitenciarios, se creará una Fuerza Especial Penitenciaria para custodiar módulos de máxima seguridad y responder a situaciones de riesgo.
Asimismo, se implementará la identificación biométrica obligatoria en estos módulos y se establecerán nuevas restricciones para los reclusos en regímenes especiales. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días para adecuar los reglamentos penitenciarios tras la entrada en vigor de la normativa, que se publicará en el diario oficial La Gaceta.
Estas reformas se suman a las medidas de endurecimiento del régimen penitenciario aprobadas en septiembre pasado, que buscan reforzar el control sobre los miembros de maras y pandillas declaradas terroristas.
