El juez federal Alvin K. Hellerstein, conocido por su participación en casos de gran relevancia como los atentados del 11 de septiembre y el juicio al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, falleció este miércoles a los 92 años, según informó The Associated Press. Su muerte fue confirmada por Edward Friedland, director ejecutivo de los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York, aunque no se ha especificado la causa.
Hellerstein había presidido recientemente una audiencia en Manhattan relacionada con el proceso contra Maduro por presunta conspiración narcoterrorista, quien fue capturado a principios de este año. Hellerstein fue nombrado juez federal en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton y se convirtió en juez sénior en 2011, permitiéndole continuar con su labor judicial con una carga de trabajo reducida.
Su carrera estuvo marcada por su trabajo en las consecuencias de los ataques al World Trade Center, donde supervisó numerosas demandas por muertes y daños materiales durante dos décadas. Se destacó por su empatía hacia las víctimas y sus familias, dedicando tiempo a reunirse con ellos en su despacho y rechazando indemnizaciones que consideraba insuficientes.
No obstante, algunas de sus decisiones generaron controversia. En 2008, terminó un intento de obligar al Gobierno de la ciudad de Nueva York a seguir buscando restos humanos en un vertedero de Staten Island, lo que fue criticado por algunos sectores. Hellerstein también fue conocido por su independencia y disciplina en la sala, manteniendo la exigencia de mascarillas durante más de dos años tras la pandemia.
En agosto, Hellerstein rechazó nuevamente la solicitud de Donald Trump para trasladar a la justicia federal un caso estatal relacionado con pagos para silenciar a la actriz Stormy Daniels. Esta fue la tercera vez que negó tal solicitud, después de las acusaciones contra Trump en marzo y su condena en mayo.
En 2020, Hellerstein ordenó la liberación de Michael Cohen, exabogado de Trump, tras considerar que su arresto domiciliario era una represalia del Gobierno que vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. También se hizo notar en 2015 al ordenar a una empresa de televisión por cable pagar US$229,500 a una mujer por recibir llamadas automatizadas.
