Expertos alertan sobre las redes criminales que operan entre la República Dominicana y Haití, destacando el armamentismo y el narcotráfico como amenazas a la soberanía nacional. Según el reporte estadístico No. 170 de la Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía Nacional, la República Dominicana registró en 2026 una tasa acumulada de homicidios de 4.37 por cada 100,000 habitantes y 241 casos de personas desaparecidas en los primeros ocho meses del año.
A pesar de la alarmante cifra de homicidios, no hay registros oficiales de secuestros activos ni históricos en el país, lo que representa una anomalía criminológica en una región con altos índices de violencia. Según datos de The Global Economy, la tasa de secuestros en la República Dominicana se ha mantenido históricamente baja, con un promedio de 0.2 secuestros por cada 100,000 habitantes, notablemente inferior al promedio mundial de 2.3.
El Ministerio de Interior y Policía reporta 245,396 armas legales en manos de civiles, pero este número no refleja la realidad del armamento irregular que circula sin control. En el Gran Santo Domingo, el armamento se comercializa abiertamente, con precios que van desde RD$265,000 por un Carandai 9mm hasta RD$450,000 por modelos de Smith & Wesson y Bersa.
Además, la venta de uniformes e insignias policiales y militares en comercios informales facilita la camuflaje criminal. El narcotráfico, por su parte, no solo alimenta el microtráfico local, sino que también conecta a las bandas dominicanas con el crimen organizado transnacional, utilizando el transporte interurbano para mover paquetes de droga.
El tráfico migratorio se ha convertido en un negocio lucrativo, donde más del 90% de los indocumentados carecen de estatus legal. A pesar de las restricciones impuestas por el MIREX desde septiembre de 2022, los organizadores de viajes ilegales operan con impunidad, mientras los migrantes celebran su llegada a la capital tras cruzar la frontera.
Las autoridades enfrentan un desafío monumental, ya que los operadores de campo actúan con libertad, mientras los líderes financieros de estas redes permanecen intocables. La situación en Haití, un Estado fallido, agrava el problema, con el tráfico de armas que alimenta la violencia y el caos en la región.
La República Dominicana no solo enfrenta delincuentes comunes, sino una red criminal sistémica que prospera en medio de la impunidad. Sin una acción decisiva para desmantelar estas estructuras, la defensa de la soberanía nacional se convertirá en una tarea casi imposible.
