El secretario de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo (FP), Héctor Acosta, afirmó que durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, la República Dominicana logró niveles de producción de arroz suficientes para abastecer el mercado nacional y generar excedentes para la exportación. Esto se debió a políticas públicas enfocadas en mejorar la rentabilidad de los productores y estabilizar la comercialización del cereal.
Acosta presentó una declaración del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental, donde destacó los resultados del Programa Nacional de Pignoraciones, implementado en 2006, que contribuyó a la producción y estabilidad económica de miles de familias en el sector arrocero. Este programa garantizó la recepción de cosechas por parte de las factorías, mejorando la rentabilidad de productores y molineros, y manteniendo precios accesibles para los consumidores.
Según las cifras de la declaración, el país exportó 660,000 quintales de arroz en 2008, 500,000 quintales en 2009 y alcanzó 880,000 quintales en 2012, con un apoyo estatal de aproximadamente RD$3,000 millones. Acosta también mencionó avances en tecnología, mecanización y modernización de factorías, así como el desarrollo de variedades de arroz más productivas y de mejor calidad.
En 2006, el Gobierno pagó una deuda acumulada de aproximadamente RD$1,000 millones con el subsector arrocero, correspondiente a compromisos pendientes de la gestión que concluyó en agosto de 2004. Al referirse a la situación actual del sector, Acosta cuestionó la inclusión del arroz en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), argumentando que las diferencias tecnológicas y los subsidios a productores estadounidenses dificultan la competencia.
Criticó que en 2024 se permitiera la importación de 4.7 millones de quintales de arroz libres de arancel, en contraste con los 512,600 quintales correspondientes al contingente del DR-CAFTA. Estas importaciones, según Acosta, afectaron la comercialización de la producción nacional, especialmente para pequeños y medianos productores.
Asimismo, cuestionó la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26 en septiembre de 2026, afirmando que las medidas del Gobierno no han disipado la incertidumbre en la cadena arrocera. Acosta recordó que más de veinte provincias dependen de la producción y procesamiento del arroz, por lo que es necesario alcanzar acuerdos que fortalezcan la competitividad del sector.
En este contexto, informó que, por instrucciones del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se conformó una comisión especializada para consultar a los productores y elaborar propuestas de políticas públicas para un Plan de Competitividad Arrocera. Las conclusiones y propuestas serán presentadas al país para contribuir a la búsqueda de soluciones para la producción arrocera dominicana.
