La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) negó a Diario Libre confirmar si el exembajador Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años por violación sexual a su hijastra menor de edad, está cumpliendo con el permiso laboral que le permite trabajar de lunes a viernes y permanecer en prisión los fines de semana.
La negativa de la institución se produjo tras recibir información de que Santana no estaría regresando al Centro de Privación de Libertad del kilómetro 15 de Azua, como lo estipula la modificación de su permiso laboral dictada por la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal.
Diario Libre solicitó el pasado 8 de octubre a la DGSPC confirmar si se había comenzado a ejecutar la modificación judicial que establece que Santana debe ingresar al centro penitenciario los viernes a las 7:00 de la mañana y permanecer allí hasta los lunes.
En respuesta, el organismo, dirigido por Roberto Santana Sánchez, alegó que el medio no cuenta con una causa legítima para el pedido, desestimando que la solicitud está relacionada con una condena sobre un exfuncionario del Estado.
El Departamento Jurídico de la DGSPC argumentó que la solicitud no cumple con los elementos necesarios para proporcionar la información, al considerar que se trata de datos personales de una persona privada de libertad.
Además, la institución señaló que la petición no demuestra que el medio esté involucrado en un proceso judicial o administrativo relacionado con el caso, ni que exista una habilitación legal que justifique el acceso a la información solicitada.
A pesar de esta postura, la DGSPC no presentó ninguna ley que respalde su decisión y se recuerda que no existe normativa en el país que considere el cumplimiento de una condena como un asunto privado.
La Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública permite la divulgación de ciertos datos cuando hay un interés público, sujeto a excepciones legales. Sin embargo, la respuesta de la DGSPC no aclara si Santana ha estado ingresando al penal los fines de semana desde la modificación de su permiso laboral.
La situación deja sin respuesta una cuestión de interés público sobre si un exfuncionario condenado por un delito sexual está cumpliendo con las condiciones impuestas por la justicia.
