María Claudia Tarazona, viuda del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, afirmó que recibió información que sugiere que la orden de asesinar a su esposo provino del Congreso de la República. Sus declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Noticias Caracol.
Tarazona indicó que una persona, cuya identidad no reveló, le proporcionó información antes del asesinato. Aseguró que estos datos deben ser analizados por la Fiscalía para identificar a quienes habrían participado en la planificación del crimen.
“Me ha llegado información de que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, declaró durante la entrevista, donde solicitó que se profundicen las investigaciones sobre los posibles autores intelectuales.
La viuda también mencionó la presencia de antiguos integrantes de las FARC en el Congreso y pidió investigar una posible vinculación de personas relacionadas con el partido Comunes. Sin embargo, sus declaraciones no constituyen pruebas de responsabilidad penal.
Tarazona afirmó que la Fiscalía ya cuenta con información relacionada con esta línea de investigación. Consideró necesario determinar si algún excongresista participó en la planificación o ejecución del magnicidio.
La abogada insistió en que las autoridades deben identificar quién ordenó el asesinato y si hay responsables distintos de quienes llevaron a cabo el ataque.
El caso se refiere al atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá. El senador y precandidato presidencial falleció el 11 de agosto de ese año tras permanecer hospitalizado por las graves heridas sufridas.
Tras las declaraciones, el partido Comunes rechazó las acusaciones y advirtió sobre lo que consideran una campaña de ataques y desinformación contra sus dirigentes y antiguos integrantes de su bancada en el Congreso. La colectividad expresó su disposición a colaborar con las autoridades competentes.
Hasta el momento, las afirmaciones de Tarazona no prueban por sí solas que algún integrante de Comunes haya ordenado o participado en el crimen, siendo responsabilidad de la Fiscalía verificar la información y determinar si hay elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales.
