La administración de Donald Trump ha ejercido presiones sobre varios países latinoamericanos, incluyendo a México, Brasil, Argentina y Guatemala, en temas de comercio y seguridad desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Estas exigencias incluyen la eliminación de medidas de protección al arroz en República Dominicana y solicitudes a El Salvador para proteger sus puertos de influencias extranjeras. Las reacciones de los gobiernos han variado, con algunos modificando políticas y otros rechazando las solicitudes.
El secretario de Estado, Marco Rubio, instó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a garantizar la seguridad de los puertos del país frente a lo que describió como «influencias extranjeras malignas». Aunque Washington no identificó públicamente a las empresas involucradas, el foco está en China. Hasta el momento, Bukele no ha dado una respuesta específica a esta solicitud.
En República Dominicana, el Gobierno de Luis Abinader derogó el decreto 635-26, que establecía medidas arancelarias para proteger la producción de arroz, en el contexto de negociaciones comerciales con Estados Unidos que buscaban ajustar el acceso al mercado dominicano. Esta decisión se enmarca dentro de los compromisos de liberalización establecidos en el DR-Cafta.
Además, en agosto de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo advirtió sobre empresas chinas como Huawei y ZTE, consideradas riesgosas para la seguridad de las redes. La Embajada de China rechazó estas acusaciones, calificándolas de infundadas, aunque no se especificaron instituciones dominicanas afectadas.
En Panamá, Rubio expresó preocupaciones sobre la influencia china en el canal interoceánico, lo que llevó al presidente José Raúl Mulino a decidir no renovar su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, aunque rechazó cualquier negociación sobre la soberanía del canal. Esta decisión fue celebrada por Estados Unidos, mientras que China la cuestionó.
Por su parte, Perú enfrentó advertencias sobre el megapuerto de Chancay, construido por la empresa estatal china Cosco Shipping. En febrero de 2026, el Departamento de Estado expresó su preocupación por una decisión judicial que limitaba el control del regulador portuario peruano, advirtiendo que la presencia china podría comprometer la infraestructura estratégica del país.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó desplegar 10,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera norte para evitar aranceles del 25 % relacionados con el tráfico de fentanilo y la migración irregular. Este acuerdo incluyó una solicitud de México para que Estados Unidos intensificara el control sobre el tráfico de armas hacia su territorio.
En el ámbito migratorio, Guatemala acordó aumentar en un 40 % los vuelos de deportación desde Estados Unidos, mientras que Costa Rica aceptó recibir temporalmente migrantes deportados. Jamaica, Dominica y Antigua y Barbuda también han negociado acuerdos similares para recibir deportados.
Finalmente, en Venezuela, Estados Unidos realizó una operación militar en enero de 2026 que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, lo que generó cuestionamientos sobre la soberanía del país. Las prioridades estadounidenses en Venezuela incluyen el acceso al petróleo y la reorganización de inversiones energéticas tras la intervención militar.
