La diáspora dominicana podría aportar hasta US$1,000 millones al país si 100,000 dominicanos participan en un programa de inversión, según un cálculo sencillo que multiplica el número de participantes por US$10,000 cada uno. Aunque esta suma no resolvería la deuda del sector público no financiero, que alcanzó US$67,827.8 millones al 31 de julio de 2026, sí representaría una fuente significativa de financiamiento y podría transformar la relación financiera entre la República Dominicana y su diáspora.
Las tasas de interés para este programa deberían establecerse basándose en el costo de financiamiento soberano dominicano y las condiciones del mercado, en lugar de decisiones políticas. Un dominicano en el extranjero, como en Miami, Nueva York o Nueva Jersey, suele recibir ingresos en dólares, lo que introduce un riesgo cambiario si se les ofrece un bono en pesos dominicanos.
El modelo de El Salvador se presenta como un ejemplo a seguir, ya que ha eliminado barreras para que los migrantes accedan al sistema financiero y puedan invertir en el mercado de valores. Este país ha establecido convenios entre la Superintendencia y la Cancillería para facilitar la participación de sus ciudadanos en el exterior.
República Dominicana ya cuenta con un mercado de bonos y la infraestructura necesaria para emitir títulos de deuda pública. La Dirección General de Crédito Público publica regularmente los precios y rendimientos de los bonos domésticos, lo que facilitaría la implementación de un canal especializado para la diáspora.
La propuesta no busca utilizar todo el dinero para financiar el gasto corriente, sino que los inversionistas deben saber para qué se utilizarán sus fondos. Además, se sugiere que el monto mínimo de inversión podría bajar a US$1,000 para democratizar la participación.
Un escenario alternativo podría involucrar a 250,000 dominicanos invirtiendo US$5,000 cada uno, lo que elevaría la inversión total a US$1,250 millones. Con intereses semestrales en dólares, el programa debe alinearse con la estrategia oficial de deuda pública para evitar que se perciba como dinero fácil.
La propuesta busca cambiar la percepción de la diáspora, viéndola como una fuente de inversión en el desarrollo nacional en lugar de solo como ahorradores. Se plantea la creación de un Portal Bonos Diáspora RD donde los inversionistas puedan rastrear sus inversiones y su impacto.
Se sugiere establecer una estructura institucional que incluya un emisor de deuda, reguladores, infraestructura de mercado de valores y promoción de educación financiera para la diáspora. La Dirección General de Crédito Público ya tiene mecanismos para registrar inversionistas y administrar información sobre el mercado de deuda pública.
Es fundamental que cada emisión de bonos indique el destino de los recursos y que se publique su ejecución, asegurando que la inversión esté respaldada por una obligación soberana. La propuesta podría convertirse en un proyecto de ley denominado “Ley de Bonos de la Diáspora Dominicana para el Desarrollo Nacional”, aprovechando la legislación existente para autorizar emisiones de deuda.
