Un total de 99 audiencias se han llevado a cabo en el juicio contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros imputados por presuntos actos de corrupción, según un informe de Participación Ciudadana. Este proceso judicial se desarrolla ante el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional desde el 25 de noviembre de 2020.
Participación Ciudadana ha señalado que, a lo largo del proceso, se han presentado diversas circunstancias que han llevado a múltiples aplazamientos. Entre las razones se incluyen el fallecimiento de familiares de algunos imputados, la designación de defensas técnicas y la ausencia de imputados por problemas de salud.
Además, la organización ha mencionado que se han producido recusaciones de jueces para cumplir con decisiones anteriores sobre la defensa técnica, así como la fusión del proceso y la espera de fallos de la Suprema Corte de Justicia. También se han presentado incidentes y recursos de oposición que han influido en el desarrollo del juicio.
Duración del Proceso
En su 50.º Informe del Observatorio de Casos de Corrupción, Participación Ciudadana ha indicado que, aunque el proceso ha durado más de lo previsto, no se ha evidenciado una demora injustificada que vulnere el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable. La entidad considera que las circunstancias que han causado los aplazamientos están mayormente relacionadas con el cumplimiento del derecho de defensa.
Para determinar el plazo aplicable, Participación Ciudadana tomó como referencia la alerta migratoria impuesta a Rodríguez y las legislaciones que regulan la duración máxima de los procesos penales. La Ley 76-02 establecía un plazo de tres años, la Ley 10-15 lo amplió a cuatro años y la Ley 97-25 lo elevó a cinco años.
Sin embargo, la organización considera que, dado el inicio del proceso, el plazo máximo aplicable es de cuatro años. A pesar de la prolongación del juicio, no ha encontrado elementos suficientes que indiquen una vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
