La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este miércoles una reforma constitucional que establece la nacionalidad única como requisito para quienes deseen aspirar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. La medida obliga a los aspirantes con doble nacionalidad a renunciar a la extranjera antes de registrarse como candidatos. Esta reforma comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la modificación fue aprobada por el Congreso y las legislaturas estatales necesarias para una reforma constitucional. El Gobierno mexicano había presentado la iniciativa a finales de agosto, buscando establecer un marco claro para los aspirantes a altos cargos.
Detalles de la reforma
La modificación de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establece que quienes busquen ocupar esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad al momento de solicitar su registro, o renunciar a ella previamente. Además, quienes ejerzan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrán adquirir otra nacionalidad durante su mandato.
Los funcionarios tampoco podrán utilizar un pasaporte o documento de identidad extranjero, ejercer derechos políticos vinculados con otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado. Alcalde indicó que se deberán establecer disposiciones reglamentarias para definir cómo se acreditará la renuncia a una segunda nacionalidad y qué autoridades intervendrán en ese procedimiento.
Es importante destacar que la reforma no elimina la posibilidad de que los mexicanos tengan doble o múltiples nacionalidades. La restricción se centra únicamente en aquellos que aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal o los poderes ejecutivos estatales.
Reacciones a la reforma
Sheinbaum defendió la iniciativa argumentando que quienes representen al Estado mexicano deben mantener una sola nacionalidad. La mandataria ha insistido en que los mexicanos pueden conservar otras nacionalidades, pero tendrían que renunciar a ellas si desean competir por la Presidencia o una gubernatura.
Sin embargo, la oposición cuestionó la medida durante su discusión legislativa, argumentando que podría afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, incluidos aquellos que emigraron o nacieron en el extranjero. La aplicación de la reforma será a partir de 2028, por lo que el Congreso de la Unión y las entidades federativas deberán adecuar las leyes correspondientes antes de ese proceso electoral.
