El Estado dominicano tiene la responsabilidad de prevenir conflictos ambientales en la minería, según lo establece la Constitución. Este mandato implica anticipar riesgos en lugar de simplemente gestionar crisis cuando ya se han presentado, lo que es esencial para el desarrollo sostenible del país.

La discusión sobre la minería en la República Dominicana debe centrarse en la construcción de una gobernanza preventiva. La experiencia reciente de incendios forestales en España demuestra que los problemas ambientales son consecuencia de una falta de planificación y coordinación, lo que resalta la necesidad de abordar la minería de manera proactiva.

Mandato Constitucional

Los artículos 66 y 67 de la Constitución reconocen el derecho a un medio ambiente sano y obligan al Estado a proteger los recursos naturales. Este deber no es opcional, sino un mandato permanente que debe ser cumplido por todas las administraciones gubernamentales.

El Tribunal Constitucional ha reforzado este mandato, indicando que la protección ambiental requiere decisiones fundamentadas en criterios técnicos y un enfoque preventivo. Esto implica que los proyectos mineros deben ser planificados y coordinados adecuadamente, asegurando un seguimiento continuo más allá de la emisión de permisos.

La polarización en torno a la minería no proviene de la actividad en sí, sino de la forma en que se discute. La defensa del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos no son mutuamente excluyentes, y es fundamental fomentar un diálogo basado en la evidencia y no en etiquetas.

Confianza y Prevención

La minería responsable requiere más que permisos y estudios; necesita confianza, que se construye a través de información pública, diálogo con las comunidades y planificación territorial. Este es un momento clave para implementar estas ideas, ya que el sector minero está en proceso de reforma legal.

La nueva ley minera puede ser una oportunidad para establecer principios de prevención, transparencia y participación desde su diseño, evitando así reacciones tardías ante conflictos. La prevención debe ser una política de Estado, apoyada por herramientas que permitan identificar y anticipar riesgos ambientales y sociales.

Actuar solo después de una crisis significa administrar consecuencias, mientras que fortalecer las instituciones antes de que surjan problemas construye una gobernanza efectiva. La Constitución exige que se eviten los incendios, marcando la diferencia entre una respuesta reactiva y una gobernanza preventiva.