El Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en República Dominicana ha solicitado al Congreso Nacional la revisión de varios aspectos de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, debido a que aún hay disposiciones que no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. La ONU ha manifestado su preocupación por la penalización absoluta de la interrupción del embarazo y la redacción del artículo 111, que podría generar inseguridad jurídica para el personal médico en emergencias obstétricas.
Entre las recomendaciones de la ONU se incluye fortalecer la protección integral de mujeres y niñas, sugiriendo que los delitos sexuales reconozcan el consentimiento libre, previo e informado como un elemento central, alineándose con los compromisos internacionales del país. Además, se propone revisar el artículo 124, que legitima la disciplina física en el hogar, en contraposición a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre la prohibición del castigo corporal.
Propuestas de modificación
La ONU también ha instado a reforzar el principio de igualdad y no discriminación, sugiriendo que la orientación sexual y la identidad de género sean incluidas como categorías protegidas frente a la discriminación. Esto se busca para evitar que conceptos ambiguos sean utilizados para justificar prácticas discriminatorias.
En una comunicación dirigida al vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Julia del Carmen Sánchez, identificó cuatro áreas prioritarias que deberían ser modificadas en el proceso de revisión de la normativa. Estas áreas son fundamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos en la legislación dominicana.
A pesar de las preocupaciones, la ONU ha reconocido la promulgación del nuevo Código Penal como un avance legislativo significativo, resaltando la inclusión de nuevos tipos penales como el feminicidio y el acoso sexual en espacios públicos, así como el fortalecimiento de la protección contra la violencia doméstica e intrafamiliar.
Finalmente, la ONU ha ofrecido asistencia técnica especializada al Congreso Nacional para apoyar la revisión de la ley, proporcionando evidencia científica y análisis de derecho comparado, con el objetivo de alinear la legislación penal con los estándares internacionales de derechos humanos.
