El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha intensificado las restricciones para la permanencia legal de extranjeros al limitar el acceso a la ‘tarjeta verde’ y el tiempo de estancia de estudiantes y periodistas en el país. Estas medidas se publicarán esta semana en el Registro Federal, cumpliendo con las promesas del mandatario para fortalecer los controles migratorios.
El objetivo principal es reducir las oportunidades de permanencia legal, las cuales quedarán a discreción de los funcionarios de inmigración que evalúan cada caso. A partir del 18 de septiembre, una nueva norma permitirá a estos funcionarios denegar la residencia permanente a quienes consideren que podrían ser “una carga pública” al recibir beneficios del gobierno.
Desde su primer mandato, Trump ha vetado a inmigrantes que hayan solicitado asistencia social, lo que ha limitado las opciones de residencia permanente para muchos indocumentados en EE.UU. Esta regla también se aplicará a aquellos que busquen la visa de inmigrante y no puedan demostrar solvencia económica para vivir sin asistencia pública.
Además, la Casa Blanca ha implementado restricciones para denegar visas a extranjeros con enfermedades crónicas, argumentando que podrían depender del sistema de salud pública. En mayo, se anunció que los indocumentados que buscan ajustar su estatus deberán hacerlo a través de embajadas en sus países de origen, lo que podría complicar su situación al requerir que salgan del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha introducido una nueva regla que afecta los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes de medios extranjeros). Los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años, mientras que los periodistas con visado I tendrán un límite de 240 días, con restricciones adicionales para aquellos provenientes de China.
A pesar de la posibilidad de solicitar extensiones, los extranjeros deberán hacerlo con mayor frecuencia. La Administración argumenta que estas medidas buscan reducir la población indocumentada, señalando que muchos estudiantes de intercambio han permanecido ilegalmente en el país tras la expiración de sus visados.
El Gobierno también busca cerrar oportunidades para indocumentados de bajos recursos, lo que podría aumentar el riesgo de deportaciones. Defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación, advirtiendo que estas medidas pueden fomentar la discriminación en el proceso de solicitud.
En todos los casos, la Administración ha instruido a los funcionarios migratorios a considerar todos los factores relevantes al determinar si un extranjero merece alivio migratorio o una visa.
