Los diputados dominicanos están listos para aprobar mañana las modificaciones al nuevo Código Penal, tras solo dos reuniones y una semana recibiendo propuestas de cambios. Esta decisión responde a la urgencia por el cierre de la legislatura que se aproxima. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó que la sesión se llevará a cabo a la 1:00 de la tarde.

El proceso contempla rendir un informe el jueves por la mañana, aprobar las modificaciones en la tarde y enviar el proyecto al Senado para su revisión. Pacheco indicó que, si es necesario, convocará un encuentro extraordinario el viernes para concluir el conocimiento del proyecto antes del cierre de la legislatura.

La aprobación de estas modificaciones permitirá al Senado seguir el mismo proceso durante la próxima semana, que es la última de la actual legislatura. La comisión bicameral encargada de estudiar las modificaciones comenzó sus trabajos el pasado lunes y evaluará todas las propuestas e iniciativas recibidas hasta la fecha.

Entre los artículos más criticados del nuevo Código Penal se encuentran los relacionados con la difamación, el ultraje y la injuria, que afectan la libertad de expresión. La comisión está revisando las iniciativas depositadas por legisladores y las propuestas de distintos sectores de la sociedad.

Desde el 7 de este mes, la Cámara de Diputados ha estado recibiendo propuestas de cambios, aunque la comisión solo se ha reunido dos veces para analizarlas. El presidente de la comisión, Wandy Batista, aseguró que han revisado siete artículos, aunque no especificó cuáles son.

Batista también mencionó que la comisión seguirá recibiendo propuestas hasta hoy a las 6:00 de la tarde, y que cualquier aporte valioso será considerado para perfeccionar el código. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha solicitado la ampliación del plazo de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, actualmente fijado para el 3 de agosto, argumentando que el tiempo es insuficiente para corregir irregularidades y posibles vicios de inconstitucionalidad.

A pesar de reconocer la necesidad de reemplazar el obsoleto Código Penal de 1884, Finjus advirtió sobre la redacción de la nueva ley, que contiene «delitos ambiguos y desproporcionados» que podrían afectar la legitimidad del sistema penal.