Un grupo de 82 empleados de la minera Falconbridge Dominicana (Falcondo) exige el pago de sus prestaciones laborales, que ascienden a RD$300 millones, tras ser despedidos el 2 de marzo. La situación se complica debido a que la empresa se encuentra en un proceso legal por insolvencia y parálisis operativa.
Uno de los trabajadores, que prefirió no revelar su identidad, indicó que Falcondo justifica su incumplimiento al afirmar que notificó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Ministerio de Trabajo sobre su intención de utilizar créditos fiscales para saldar las deudas laborales. Sin embargo, la DGII condicionó la liberación de los fondos a la decisión del tribunal de reestructuración mercantil, al que la empresa se acogió en el mismo mes de los despidos.
El extrabajador destacó que entre los afectados hay empleados de diversas áreas, incluyendo seguridad, bomberos, secretarias, financieros y operaciones. Aseguró que la compañía había solicitado a algunos de ellos continuar trabajando, argumentando que su experiencia era crucial para ayudar a un posible comprador o inversionista a reiniciar las operaciones de la mina.
En la actualidad, la mina mantiene solo un mínimo de operaciones, que han sido subcontratadas para asegurar la seguridad y un mantenimiento básico. Según el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Falcondo enfrenta un proceso de reestructuración mercantil tras recibir un mandato del presidente Luis Abinader para representar al Estado dominicano, que tiene participación en la empresa.
Como parte de las medidas adoptadas, el Fonper contrató a un consultor minero especializado para realizar un diagnóstico técnico sobre la situación de Falcondo. En la memoria anual correspondiente a 2025, se señala que la minera enfrenta problemas de insolvencia, cese de operaciones y afectaciones a las comunidades locales.
La situación actual de Falcondo ha generado preocupación debido a los riesgos asociados a la conservación de activos estratégicos, lo que llevó al presidente Abinader a delegar la representación del Estado en el Fonper. La incertidumbre sobre el futuro de la empresa y el pago de las prestaciones laborales continúa afectando a los ex-empleados.
