Un grupo de 82 extrabajadores de la minera Falconbridge Dominicana (Falcondo), cancelados el 2 de marzo, exige el pago de sus prestaciones adeudadas, que ascienden a 300 millones de pesos. La empresa se encuentra en un proceso legal debido a su insolvencia y parálisis operativa, lo que complica la situación de estos exempleados.

Un vocero del grupo, que prefirió permanecer en el anonimato, indicó que Falcondo justifica su incumplimiento al señalar que notificó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Ministerio de Trabajo sobre su intención de utilizar créditos fiscales para saldar las deudas laborales. Sin embargo, la DGII condicionó la liberación de los fondos a la decisión del tribunal de reestructuración mercantil, proceso que la minera inició en el mismo mes de las cancelaciones.

El grupo de extrabajadores incluye personal de diversas áreas, como seguridad, bomberos, secretarias, financieros y operaciones. El técnico del grupo explicó que la compañía les había solicitado continuar trabajando, argumentando que su experiencia era crucial para ayudar a un posible comprador o nuevo inversionista en el reinicio de operaciones.

El plan inicial de la empresa era reanudar la producción de ferroníquel, pero la situación actual ha generado incertidumbre. A pesar de los intentos de Diario Libre por entrevistar a la administración de Falcondo, no se ha obtenido respuesta.

Falconbridge enfrenta un proceso de reestructuración mercantil que, según el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), fue motivado por la propia institución. En su memoria anual de 2025, el Fonper señala que la minera está en una grave situación de insolvencia, con un cese abrupto de operaciones y el incumplimiento de obligaciones laborales, lo que afecta a las comunidades locales y representa riesgos para la conservación de activos estratégicos.