La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) solicitó este martes la ampliación del plazo para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, actualmente programada para el 3 de agosto. La entidad argumenta que el tiempo restante es «insuficiente» para corregir irregularidades y posibles vicios de inconstitucionalidad en la norma.

En una comunicación dirigida a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Finjus propone la creación de una Comisión Bicameral especial para estudiar el Código Penal. A pesar de reconocer la necesidad de reemplazar el obsoleto Código Penal de 1884, la fundación advierte que la redacción de la Ley núm. 74-25 incluye «delitos ambiguos y desproporcionados» que podrían afectar la legitimidad del sistema penal.

Finjus menciona ejemplos como los artículos que limitan la libertad de expresión y penalizan de manera absoluta la interrupción del embarazo, lo que podría comprometer derechos fundamentales como la salud y la dignidad de la mujer. La fundación también valora la decisión de habilitar un período para recibir observaciones y realizar vistas públicas antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

La entidad enfatiza que este tiempo debe ser utilizado para revisar las observaciones técnicas y críticas de distintos sectores, asegurando que el Código Penal sea una herramienta eficaz para combatir la criminalidad. Finjus reitera la necesidad de ampliar el período de vacatio legis, que vence el 3 de agosto de 2026, para abordar las irregularidades y preparar a los actores del sistema de justicia.

Además, la fundación ha presentado observaciones técnicas sobre la Ley núm. 74-25 y el reciente proyecto de modificación de varios artículos, señalando que la actual redacción presenta problemas de técnica legislativa y puede generar dificultades interpretativas. Finjus destaca la importancia de que el Congreso revise estos aspectos antes de la implementación de la normativa.

La organización también subraya que la inclusión de un régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas es un avance, pero sugiere ajustes para evitar contradicciones y garantizar que la responsabilidad se aplique adecuadamente. Finjus concluye que el proceso de reforma del Código Penal es una oportunidad para corregir deficiencias y asegurar que la legislación sea coherente con los principios constitucionales.

La fundación reafirma su compromiso de contribuir al análisis y ponderación de la Ley núm. 74-25 y las iniciativas de modificación en el Congreso Nacional, buscando un Código Penal moderno y acorde con el Estado social y democrático de derecho.