La comunicadora Danilsa Vargas afirmó este lunes que aún hay margen para consensuar aspectos del nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia, sugiriendo que un mayor diálogo podría haber llevado a una legislación más aceptada por diversos sectores de la sociedad.

Vargas comentó que, si el proceso de discusión se hubiera centrado desde el inicio en los puntos más controversiales, el país podría contar hoy con un Código Penal más consensuado. Sin embargo, reconoció que ninguna legislación logrará satisfacer completamente a la población.

«No hay un código perfecto porque no va a existir una ley que tenga al 100 % de la población conforme. Eso nunca va a ocurrir, pero sí se pudo haber logrado un código más consensuado y con los temas más importantes debidamente discutidos», expresó.

La analista hizo estas declaraciones durante una entrevista en el programa “El Nuevo Diario TV”, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario, donde participó junto a los comunicadores Aneudy Ramírez, Julio Samuel Sierra, Raquel Rodríguez y Maria Maria.

Vargas ha utilizado sus espacios de opinión en los medios que representa para analizar y explicar el contenido de la nueva normativa, resaltando la importancia de que la ciudadanía conozca los cambios que introduce el Código Penal.

Además, consideró que, a pesar de que faltan pocas semanas para la entrada en vigencia de la legislación, todavía hay posibilidad de alcanzar acuerdos sobre los puntos debatidos. «Si realmente existe la voluntad de que este Código Penal entre en vigencia con el mayor consenso posible, todavía estamos a tiempo de lograrlo», afirmó.

La comunicadora recordó que la República Dominicana ha esperado más de 140 años para actualizar su Código Penal, subrayando que esta reforma es una necesidad impostergable para adecuar la legislación a las nuevas realidades y enfrentar la criminalidad de manera más eficaz.

Finalmente, reiteró que la modernización del Código Penal es un paso importante para el fortalecimiento del sistema de justicia dominicano, siempre que su implementación esté basada en el diálogo y el consenso entre los diversos actores nacionales.