La integridad pública en el proceso del Monorriel de Santo Domingo enfrenta cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés que podrían comprometer la imparcialidad de las decisiones administrativas. Este análisis surge a raíz del procedimiento FITRAM-CCC-LP-2025-0001, que ha puesto de relieve la continuidad funcional entre iniciativas privadas y la dirección pública de proyectos relacionados con el transporte. La preocupación se centra en cómo se gestionaron las relaciones previas y los riesgos asociados.

Las iniciativas de alianza público-privada presentadas en 2021, junto con la documentación del Ministerio de Hacienda, revelan la participación de un consultor externo que, tras su implicación en la propuesta privada del monorriel, asumió roles clave en la dirección de proyectos públicos. Este consultor dirigió la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana y posteriormente ocupó la Dirección Ejecutiva de FITRAM, donde presidió el Comité de Compras que autorizó el procedimiento del Monorriel de Santo Domingo.

El análisis de estas conexiones plantea la pregunta de si la Administración identificó y gestionó adecuadamente este antecedente profesional, ya que la continuidad funcional documentada no implica necesariamente corrupción, pero sí puede generar dudas sobre la independencia de las decisiones tomadas. Las directrices de la OCDE sugieren que las entidades públicas deben gestionar no solo los conflictos de interés reales, sino también los potenciales y aparentes.

Un conflicto real ocurre cuando un interés afecta efectivamente la función pública, mientras que el potencial se presenta cuando existen circunstancias que podrían comprometer la independencia en el futuro. La apariencia de conflicto surge cuando una persona informada podría cuestionar la imparcialidad del proceso, independientemente de si hay influencia efectiva.

El precedente del Monorriel de Santiago es relevante, ya que su estructura contractual se repite en Santo Domingo. En Santiago, el primer paquete de contratación definió condiciones que limitaron la competencia en el segundo. Esta encapsulación tecnológica puede restringir las opciones disponibles para futuros contratos, lo que plantea interrogantes sobre la competencia real en el proceso de selección.

El Monorriel de Santo Domingo avanza bajo un esquema similar, donde se contratan inicialmente la ingeniería de detalle y la infraestructura, dejando componentes tecnológicos esenciales fuera de la licitación. Esto genera dudas sobre cuánta competencia real existirá en futuras contrataciones, lo que requiere un análisis específico de la selección tecnológica y los criterios utilizados.

La Administración debe demostrar cómo gestionó el riesgo de que el primer paquete condicionara las futuras adquisiciones tecnológicas. La continuidad funcional, la repetición de un modelo contractual y la falta de una evaluación documentada del posible conflicto de interés son aspectos que deben ser esclarecidos. La documentación existente sugiere que las especificaciones técnicas fueron elaboradas por un equipo distinto, pero el responsable de la continuidad funcional tuvo un papel decisivo en el Comité que autorizó el procedimiento.

La Dirección General de Contrataciones Públicas ahora tiene la responsabilidad de examinar las garantías de imparcialidad y competencia en este proceso. La situación plantea la necesidad de que FITRAM explique si conocía la participación profesional anterior y cómo se preservó la competencia en la estructuración del proyecto. La falta de claridad en estos aspectos podría afectar la integridad del procedimiento de contratación.