La Cooperativa del Colegio de Notarios no está cumpliendo con la Ley 127-64 al no celebrar Asambleas, según un informe del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop). Esta situación fue comunicada por los técnicos Anatalio Aquino y Yasser Domínguez, quienes firmaron el documento que resalta la falta de cumplimiento de la normativa. La Asamblea General es considerada la máxima autoridad de la cooperativa, lo que plantea interrogantes sobre su funcionamiento.
El informe de Idecoop, marcado como urgente y enviado a la presidencia de la Cooperativa el 1 de julio de 2026, subraya la gravedad de la ausencia de Asambleas. Esta irregularidad debería ser motivo de preocupación para el Notariado Dominicano, ya que la transparencia en la gestión de la cooperativa es fundamental. La comunicación solicita al administrador de la cooperativa una explicación sobre por qué no se han llevado a cabo las Asambleas correspondientes.
Además, se menciona que hay varias Asambleas pendientes, lo que resulta inconcebible dado que la cooperativa maneja dinero ajeno. La falta de convocatorias a estas reuniones es vista como una violación de la ley y una falta de transparencia que debe ser abordada de inmediato. La situación no solo afecta a los socios de la cooperativa, sino que también impacta la reputación del Colegio de Notarios.
El administrador de la cooperativa enfrenta la presión de explicar esta situación no solo a Idecoop, sino también al Notariado Dominicano. La falta de Asambleas ha generado especulaciones sobre las razones detrás de esta omisión y la necesidad de una respuesta rápida y clara es urgente. Los socios tienen derecho a conocer lo que está ocurriendo dentro de la institución financiera.
Por otro lado, se cuestiona la pasividad de los notarios que han confiado su dinero en la cooperativa. A pesar de la Ley 140-15, que les otorga el derecho a votar, muchos han permanecido inactivos durante los últimos doce años. Esta falta de acción se repite ahora con la Ley 127-64, que regula el cooperativismo en el país.
La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los administradores de la cooperativa en relación con la ley y la falta de preocupación de los dueños del dinero por la ilegalidad de no convocar a los socios. La comunidad notarial debe cuestionarse qué está sucediendo dentro de la cooperativa y por qué no se celebran las Asambleas requeridas por la ley.
Finalmente, persiste la inquietud sobre si existen otros préstamos no reportados, como el de RD$5 millones, lo que añade otra capa de complejidad a la situación actual de la cooperativa.
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