El nuevo Código Penal de la República Dominicana enfrenta críticas por la falta de consenso y transparencia en su elaboración, a pesar de que se planea corregir unos diecinueve artículos antes de su entrada en vigencia. Aunque se afirma que la pieza fue consensuada con abogados, académicos y comunicadores, no se han revelado las identidades de estos especialistas.

La falta de claridad sobre quiénes han contribuido a las modificaciones genera desconfianza, especialmente en un contexto donde la legislación afecta la libertad y la seguridad del ejercicio periodístico y profesional en el país. Las advertencias de distintos sectores nacionales han sido ignoradas, lo que se considera una mala estrategia para subsanar los errores cometidos en la propuesta inicial.

Las reacciones sociales ante esta situación podrían ser significativas y no deben ser desestimadas. La necesidad de generar consenso es crucial, dado que el costo de no atender estas preocupaciones podría ser mayor a largo plazo.

La resistencia a realizar cambios adecuados en el Código Penal ha suscitado cuestionamientos, pero las propuestas concretas para su corrección siguen sin ser divulgadas. Esto ha llevado a una percepción de que el proceso se está llevando a cabo sin la debida consulta y participación de los actores involucrados.

En resumen, la falta de transparencia y la ausencia de un diálogo abierto sobre el nuevo Código Penal podrían resultar en consecuencias negativas para la sociedad dominicana. La situación actual exige una revisión cuidadosa y un enfoque más inclusivo para evitar futuros conflictos.