El nuevo Código Penal de la República Dominicana endurece las penas por difamación, injuria y ultraje contra funcionarios públicos, además de extender su aplicación al ciberespacio. Esta legislación, que será revisada por una comisión bicameral, mantiene figuras ya existentes, pero elimina la defensa de la exceptio veritatis, que permitía exonerar al acusado si demostraba la veracidad de los hechos en ciertos casos.

Las disposiciones sobre ultraje ya estaban presentes en el Código Penal anterior, mientras que la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento penalizaba la difamación y la injuria en medios de comunicación. La nueva Ley 74-25 reúne estas figuras en un solo marco legal y las adapta a la realidad actual de las redes sociales y plataformas digitales.

Ampliación de la protección y nuevas definiciones

La reforma amplía el ámbito de protección al incluir a «funcionarios o servidores públicos», lo que abarca una mayor parte de la administración estatal. Además, redefine el concepto de ultraje, lo que ha generado preocupación entre especialistas por el posible margen de interpretación que esto podría dar a los tribunales.

Entre las novedades, se incluye el delito de difamación e injuria con fines de extorsión y la posibilidad de responsabilizar penalmente a personas jurídicas en ciertos casos. A pesar de estos cambios, se mantienen las exclusiones de responsabilidad para discursos en el Congreso, publicaciones oficiales y escritos judiciales.

La nueva legislación también incorpora una garantía que permite a los ciudadanos grabar arrestos, registros y allanamientos realizados por policías y militares, siempre que no interfieran con el procedimiento o pongan en riesgo la seguridad de los agentes. Esta medida busca aumentar la transparencia en las acciones de las fuerzas del orden.