La muerte del adolescente Darlin Mercado Reyes durante una intervención policial en la cañada de Guajimía ha reavivado la discusión sobre la reforma de la Policía Nacional, ya que el proyecto de Ley Orgánica de la Policía está a punto de perimir en el Senado si no es aprobado antes del 26 de julio. Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer controles internos más efectivos y ha llevado a la familia de Darlin a demandar a la institución.

El proyecto de reforma lleva siete meses bajo estudio en una comisión especial del Senado y, si no avanza pronto, quedará enterrado al cierre de la actual legislatura ordinaria. La iniciativa fue depositada el 8 de diciembre de 2025 y ha agotado casi todo su margen constitucional, ya que puede permanecer viva solo durante dos períodos ordinarios consecutivos.

La coincidencia entre el caso de Darlin y la situación del proyecto de reforma es notable. Mientras el expediente del joven expone fallas en el operativo policial y cuestiona la permanencia en servicio de un cabo con antecedentes disciplinarios, el Congreso enfrenta la posibilidad de dejar morir una de las reformas más necesarias para corregir estas distorsiones.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la evaluación de la salud mental de los policías, que pasaría a ser un requisito evaluable durante toda su carrera. El artículo 177 establece que la Policía deberá realizar monitoreos de salud mental a todos sus miembros, al menos cada dos años, y un seguimiento especial tras el uso de la fuerza o eventos traumáticos.

Además, el proyecto contempla sanciones severas para quienes se nieguen a estas evaluaciones. El artículo 227 considera la negativa injustificada a someterse a pruebas de confiabilidad como una falta muy grave, mientras que el artículo 231 establece que, si se comete con dolo, la sanción será la destitución.

El caso de Darlin ha puesto un rostro a la urgencia de estos artículos, ya que el adolescente murió en un operativo marcado por errores y decisiones cuestionables. El cabo José Francisco Moreta Heredia, imputado por su muerte, tenía dos suspensiones previas, lo que ha intensificado las críticas sobre los filtros internos de la Policía.

La familia del joven ha demandado a la Policía Nacional, mientras el proceso penal contra el cabo avanza en medio de una intensa presión pública. Este caso ha reactivado las críticas al proyecto de reforma policial, con el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, cuestionando su efectividad y sugiriendo que incidentes como este minan la confianza ciudadana.

El caso Darlin no solo reabre el debate sobre el uso excesivo de la fuerza, sino que también plantea una pregunta crucial para el Congreso: si la reforma policial perime el 26 de julio, el mensaje político será claro: el Congreso dejó morir una ley esencial para fortalecer los controles sobre los agentes. Si el proyecto sobrevive, lo hará como una respuesta urgente a una crisis que sigue dejando un saldo trágico en el país.