El nuevo Código Penal de la República Dominicana enfrenta críticas por su pronta implementación, a pesar de que el país necesitaba una actualización de su marco legal. La ley, promulgada el 3 de agosto de 2025, está programada para entrar en vigor en pocas semanas, generando preocupaciones sobre su preparación y coherencia. La Fundación Institucionalidad y Justicia ha solicitado un aplazamiento urgente, señalando ambigüedades y duplicidades en el texto.
Este nuevo código reemplaza uno que había estado en vigor desde 1884, un marco legal obsoleto para una sociedad moderna que enfrenta delitos como el lavado de activos y la trata de personas. Sin embargo, el debate se centra en cómo se ha llevado a cabo esta modernización, con críticos advirtiendo que el proceso ha sido apresurado y lleno de errores. A pesar de que se otorgó un año para preparar su implementación, las críticas han surgido a última hora.
Críticas y advertencias previas
Desde el 6 de mayo, la diputada Lidia Pérez de Taveras presentó propuestas para garantizar la libertad de expresión y corregir artículos del código. Juristas y gremios han expresado sus preocupaciones durante meses, y existen varios expedientes de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. La falta de respuesta institucional a estas advertencias ha sido señalada como una falla crítica en el proceso.
Los abogados han denunciado la falta de socialización del texto y la falta de información compartida con los operadores del sistema judicial. Las inconsistencias técnicas que hoy se lamentan fueron advertidas con anticipación, pero la reacción ha sido tardía y desorganizada, reflejando un patrón de resolver problemas a último minuto.
Riesgos del nuevo código
Los penalistas temen que el nuevo código se asemeje a un «Frankenstein normativo», un cuerpo legal compuesto de piezas dispares que podría colapsar ante la primera dificultad. Las críticas incluyen la superposición de tipos penales, lo que podría llevar a decisiones arbitrarias, y definiciones imprecisas que complican el trabajo de fiscales y jueces. En un ámbito donde la precisión es crucial, la ambigüedad en el texto se considera una falla estructural grave.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más cuidadoso y deliberado en la creación de leyes penales, dado que cada palabra puede tener un impacto significativo en la libertad de los ciudadanos. La entrada en vigor del nuevo código, prevista para dentro de poco tiempo, sigue siendo un tema de intenso debate y preocupación en la sociedad dominicana.
