Una considerable cantidad de personas marcharon el jueves en San Francisco de Macorís para exigir que María Elena Marizán cumpla la condena de 20 años de prisión impuesta por su implicación en la muerte de la joven Lohara Tavárez. La movilización, que incluyó a familiares de la víctima, allegados y representantes de organizaciones sociales, recorrió varias calles del municipio con pancartas y consignas en reclamo de justicia.

Bajo la consigna “20 años es 20, ni un día menos”, los manifestantes expresaron su rechazo a cualquier posibilidad de que Marizán obtenga beneficios penitenciarios o una reducción de su condena. Los convocantes señalaron que la sociedad francomacorisana está atenta al proceso judicial, ya que la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte deberá emitir un fallo sobre la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la condenada.

Impacto del caso en la sociedad

El crimen de Lohara Tavárez sigue siendo uno de los casos más impactantes registrados en la provincia Duarte, lo que ha llevado a los manifestantes a exigir que la sentencia se cumpla en su totalidad. Marizán fue condenada como autora intelectual del asesinato, un hecho que causó profunda consternación en el país y que continúa generando reacciones de indignación.

En noviembre de 2009, Lohara Tavárez Rosario, de 19 años, fue reportada como desaparecida en San Francisco de Macorís. Días después, su cuerpo fue encontrado en una zona despoblada de La Ceja, con signos de extrema violencia, amordazada y atada de pies y manos, presentando evidentes señales de tortura.

Las investigaciones del Ministerio Público establecieron que el crimen fue planificado. Entre los condenados se encuentra María Magdalena Marizán Flores, conocida como María Elena Marizán, y Víctor Alfonso Brito Vásquez, alias “El Guachi”. Además, un menor de edad confesó haber participado materialmente en el asesinato y declaró que recibió dinero para ejecutar el crimen.

Marizán ha intentado obtener su libertad en varias ocasiones y este año presentó una solicitud de prisión domiciliaria, siendo este su tercer intento de salir antes de completar la pena. La comunidad continúa demandando justicia en un caso que ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva de la región.