La decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de haitianos podría tener graves consecuencias humanitarias y económicas, según advirtió la organización Human Rights Watch (HRW). Este jueves, HRW señaló que las deportaciones representarían una «sentencia de muerte» para muchos migrantes y afectarían significativamente la economía de Florida.

Un informe de HRW, basado en entrevistas con 40 haitianos beneficiarios del TPS en Miami y 15 representantes de organizaciones comunitarias, revela un ambiente de profundo temor ante la posibilidad de ser deportados a Haití, un país que enfrenta una crisis de violencia y emergencia humanitaria. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, más de 8.200 personas fueron asesinadas en Haití, mientras que las bandas criminales controlan aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe, lo que agrava la inseguridad.

El fallo reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió a la administración del presidente Donald Trump revocar el TPS para cerca de 350.000 haitianos, dejando a miles expuestos a regresar a un país donde su vida correría serio peligro. Un haitiano de 28 años entrevistado por HRW expresó su desesperación: «Perder el TPS sería como una sentencia de muerte. Si me deportan a Haití, pensarán que tengo dinero por haber vivido en el extranjero. Intentarán secuestrarme o extorsionarme y, si no puedo pagar, me matarán».

A pesar de que la administración estadounidense sostiene que las condiciones en Haití han mejorado, HRW afirma que la realidad es diferente. Actualmente, hay 1,5 millones de desplazados internos en Haití, de los cuales aproximadamente la mitad son menores de edad. Además, 5,83 millones de personas, equivalentes al 52 % de la población haitiana, enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Impacto económico en Florida

La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, advirtió que eliminar las protecciones del TPS expondría a miles de personas a una de las peores crisis de derechos humanos del mundo. Goebertus instó al Congreso estadounidense a actuar rápidamente para preservar el programa y evitar el retorno forzoso de los beneficiarios hacia Haití.

El informe también destaca las repercusiones económicas que tendría el fin del TPS, especialmente en Florida, donde reside aproximadamente la mitad de los haitianos protegidos por este programa, unos 158.000 trabajadores. Estos migrantes desempeñan funciones esenciales en sectores como salud, atención a personas mayores, construcción, turismo y hotelería.

Según cifras de la organización FWD.us, los beneficiarios haitianos del TPS generan alrededor de 2.600 millones de dólares anuales para la economía de Florida, de los cuales aproximadamente 1.500 millones corresponden al área metropolitana de Miami. La organización Sant La Haitian Neighborhood Center, que colaboró en la investigación, advirtió que el fin del TPS también provocaría una crisis humanitaria dentro de Estados Unidos.

Thamara Labrousse, directora ejecutiva de Sant La, señaló que miles de familias perderían sus empleos, viviendas y estabilidad económica, lo que afectaría también a escuelas, empresas y comunidades que dependen del trabajo de los beneficiarios del programa. Labrousse afirmó: «La decisión de la Administración Trump no solo afectará a los haitianos protegidos por el TPS, sino también a los lugares de trabajo, las escuelas y las comunidades donde viven y contribuyen diariamente».