La discusión sobre el efecto suspensivo de los recursos administrativos en materia tributaria ha cobrado relevancia en la República Dominicana tras la promulgación de la Ley 30-26, que modifica el Código Tributario. Esta nueva normativa plantea interrogantes sobre el principio solve et repete y condiciona la suspensión de la ejecución tributaria al pago previo, lo que ha suscitado críticas y acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El debate no es exclusivo del país, ya que en la doctrina comparada se ha señalado que la exigencia de pago previo puede ser una restricción desproporcionada del acceso a la justicia, contraria a los estándares internacionales de tutela judicial efectiva. La Ley 30-26 ha llevado a reflexionar si su implementación representa un avance en la eficiencia administrativa o un retroceso en los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Antes de la Ley 30-26, el Código Tributario, en su artículo 57, párrafo 1, establecía que la interposición de recursos suspendía la obligación de pago de impuestos hasta que se tomara una decisión. Esta disposición incentivaba el uso del recurso de reconsideración, lo que resultó en un aumento de casos que la administración tributaria no podía manejar adecuadamente.

Con la nueva ley, se elimina el efecto suspensivo del recurso de reconsideración, lo que, según algunos expertos, revive el antiguo principio solve et repete. Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucionales disposiciones que exigían el pago previo para impugnar deudas tributarias, argumentando que violaban el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.

Recientemente, se presentó una acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley 30-26, alegando que su artículo 19 vulnera el derecho al debido proceso. El texto permite al contribuyente consignar el monto de la deuda tributaria y presentar recursos simultáneamente, lo que busca evitar sanciones, sin que este pago implique aceptación de la obligación tributaria.

El principio solve et repete implica que el contribuyente debe pagar antes de reclamar, lo que podría obligarlo a desembolsar dinero incluso si tiene razones válidas para impugnar. Aunque el texto de la ley es confuso y puede prestarse a malas interpretaciones, no exige que se deposite el pago de la deuda para ejercer los recursos.

La Ley 30-26 no reinstaura abiertamente el solve et repete, pero condiciona la suspensión de la deuda al pago previo, lo que puede interpretarse como un remanente de ese principio. El contribuyente puede recurrir sin pagar, pero para suspender la ejecución debe hacerlo simultáneamente con el pago o solicitar medidas cautelares.

Este esquema híbrido busca eficiencia recaudatoria, pero plantea interrogantes sobre su compatibilidad con los principios constitucionales de defensa y tutela judicial efectiva. La labor jurisprudencial futura será crucial para equilibrar la potestad tributaria del Estado y la protección de los derechos fundamentales del contribuyente, con el objetivo de construir un sistema tributario más justo y acorde con los principios constitucionales.