El exministro de Obras Públicas y precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, denunció este lunes que el recurso de apelación interpuesto por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) en su contra es una «persecución política». Castillo se refiere a la apelación contra la decisión judicial que le otorgó un auto de no ha lugar en un caso de presunta corrupción administrativa.

A través de su cuenta de X, Castillo afirmó que la acción busca revocar la decisión del tribunal y mantener medidas de coerción en su contra, afectando sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028. «Hoy el Gobierno del PRM y sus abogados apelaron la decisión de la jueza que me otorgó un auto de no ha lugar. Quieren revocar la decisión y mantener medidas de coerción en mi contra para tratar de frenar mi candidatura en 2028. Esto es persecución política pura #Lawfare», escribió.

El recurso de apelación fue depositado por el ERPP ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con el objetivo de que la Cámara Penal de la Corte de Apelación revoque la resolución y ordene la apertura de un juicio de fondo contra Castillo. Además, el organismo solicitó que se mantengan las medidas de coerción y las restricciones patrimoniales mientras la Corte conoce el recurso.

En su escrito, el ERPP argumenta que la decisión judicial incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, especialmente las relacionadas con los supuestos vínculos de Castillo con el esquema de corrupción del Caso Calamar.

El Ministerio Público incluyó a Castillo entre los principales imputados en un expediente de corrupción administrativa que involucra a exfuncionarios de la gestión de Danilo Medina. La acusación sostiene que, durante su gestión como ministro de Obras Públicas entre 2012 y 2020, Castillo participó en un esquema que permitió pagos irregulares con fondos públicos a particulares, utilizando recursos del Estado para saldar deudas de expropiaciones y obtener fondos para financiamiento político.

Según el MP, esta estructura operó desde varias instituciones estatales, incluyendo los ministerios de Obras Públicas, Hacienda y la Presidencia, movilizando miles de millones de pesos a través de pagos irregulares.

El pasado 29 de mayo, la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, dictó un auto de no ha lugar a favor de Castillo, al considerar que las pruebas del Ministerio Público no eran suficientes para justificar un juicio de fondo. Sin embargo, el tribunal admitió parcialmente la acusación y ordenó la apertura de juicio de fondo contra otros acusados, como los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, y el excontralor general Daniel Omar Caamaño.