La República Dominicana está evaluando diferentes modelos de gestión para el desarrollo de infraestructuras públicas, incluyendo empresas públicas, fideicomisos y alianzas público-privadas. A pesar de contar con un amplio abanico de opciones, el debate inicial suele centrarse en el instrumento jurídico a utilizar, en lugar de analizar cuál es el más adecuado para cada proyecto. Esta falta de un procedimiento objetivo para la selección del modelo de gestión puede llevar a decisiones que no responden a las necesidades reales de las infraestructuras.
En el país, existen mecanismos suficientes para desarrollar infraestructuras, como la contratación pública tradicional y la colaboración con el sector privado. Sin embargo, el problema surge cuando la elección del instrumento se convierte en el punto de partida del proyecto, en lugar de ser el resultado de una evaluación técnica. Esto puede llevar a que el proyecto se adapte al instrumento seleccionado, en lugar de que el modelo elegido responda a las necesidades del proyecto.
Ejemplos recientes muestran que diferentes inversiones se desarrollan a través de diversos instrumentos, pero rara vez se explica por qué se elige uno sobre otro. Es crucial que la decisión sobre el modelo de gestión no se base en razones administrativas o políticas, sino en un análisis comparativo de las opciones disponibles. Un enfoque más riguroso permitiría que la elección de un modelo se justifique con base en su capacidad para generar valor para el interés público.
Importancia del Control y los Riesgos
Un aspecto clave en la gestión de infraestructuras es quién controla realmente el proyecto y asume los riesgos de financiación, construcción y explotación. Esta distinción entre propiedad jurídica y económica es fundamental, ya que influye en cómo se contabilizan las inversiones y los riesgos asociados. Los organismos internacionales analizan la sustancia económica de las operaciones, no solo la forma jurídica utilizada.
La República Dominicana utiliza diferentes vehículos institucionales para grandes inversiones, y es esencial recordar que cambiar la figura jurídica no altera la realidad económica del proyecto. La verdadera discusión debe centrarse en las consecuencias financieras de la elección del modelo de gestión y quién asume la responsabilidad si el proyecto no cumple con las expectativas.
El proceso de selección del modelo de gestión debería comenzar con la identificación de una necesidad pública y la comparación de alternativas técnicas. Sin embargo, a menudo se sigue el camino inverso, eligiendo primero el instrumento y luego justificando esa elección. Esto resulta en proyectos similares desarrollándose bajo esquemas diferentes sin una explicación objetiva.
La Necesidad de un Marco Regulatorio
Es necesario establecer un marco regulatorio que evalúe los proyectos de infraestructura independientemente del modelo de gestión elegido. Este marco debería exigir que todos los proyectos relevantes sean evaluados con criterios homogéneos de planificación y rentabilidad, lo que permitiría seleccionar el modelo más adecuado. La reforma no consiste en crear nuevas figuras jurídicas, sino en mejorar el proceso de decisión del Estado.
La República Dominicana ha ampliado sus herramientas para desarrollar infraestructuras, lo que refleja una voluntad de modernización. Sin embargo, contar con más instrumentos no garantiza mejores resultados. La calidad del proceso de decisión es lo que realmente marca la diferencia entre un Estado que ejecuta inversiones y uno que construye una política pública sólida en infraestructura.
Es momento de replantear la discusión sobre el modelo de gestión. La pregunta crucial debe ser si se ha demostrado, con criterios objetivos, que el modelo elegido realmente protege el interés público. Solo así, los diferentes instrumentos dejarán de ser fines en sí mismos y se convertirán en herramientas al servicio de decisiones justificadas que beneficien a la sociedad.
