Los rescatistas voluntarios en Venezuela han denunciado que las restricciones impuestas por las autoridades están obstaculizando el acceso a las zonas más afectadas por los terremotos ocurridos el pasado miércoles. A pesar de los esfuerzos de decenas de ciudadanos por abrirse paso con herramientas como picos y palas, las organizaciones civiles y dirigentes opositores afirman que los nuevos controles oficiales han ralentizado la llegada de ayuda y personal de rescate.

Las medidas fueron anunciadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ordenó la militarización de las principales vías de acceso a las áreas de desastre y estableció un sistema de registro obligatorio para los voluntarios que deseen ingresar al estado La Guaira. Aquellos que quieran participar en las labores de rescate deben inscribirse en un centro habilitado en el Poliedro de Caracas, donde se les asigna una acreditación con código QR según su experiencia y funciones.

Rodríguez también instó a la población a no desplazarse a las áreas afectadas si no forman parte de los equipos de rescate o de seguridad. “Sabemos que todos queremos ayudar, pero debe hacerse de manera ordenada para no obstaculizar las labores de rescate”, expresó la funcionaria, enfatizando que el operativo se encuentra en la etapa más crítica de búsqueda de sobrevivientes.

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aclaró en una transmisión del canal estatal que quienes deseen ir a La Guaira deben cumplir con el registro habilitado por el Gobierno en Caracas, para evitar que personas sin tareas asignadas acudan a este estado. Sin embargo, esta medida ha generado inconformidad entre grupos de voluntarios que intentaron registrarse y no pudieron completar el proceso.

El activista de derechos humanos Gabriel Bastidas informó que muchos ciudadanos fueron rechazados y se les indicó regresar al día siguiente, lo que provocó protestas debido a la urgencia de las labores de rescate. La frustración creció entre los equipos de voluntarios, quienes consideran que cada hora es crucial para encontrar a personas atrapadas bajo los escombros.

En los estados Falcón y Carabobo, se registraron momentos de tensión cuando voluntarios intentaron atravesar cordones de seguridad instalados por las autoridades. Según reportes del periodista Jonathan Petit, algunos ciudadanos lograron superar los bloqueos con la intención de participar en las labores de búsqueda y asistencia.

Mientras tanto, en la autopista hacia La Guaira, se observó el desplazamiento de motociclistas y brigadas de voluntarios transportando alimentos, agua y productos de primera necesidad hacia la denominada “zona cero”. Sin embargo, dirigentes opositores han cuestionado las restricciones impuestas por el Gobierno, advirtiendo que estos controles podrían retrasar la distribución de ayuda humanitaria.

La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, pidió a las autoridades facilitar el trabajo de los ciudadanos y organizaciones de apoyo, afirmando que los mecanismos de control no deben convertirse en obstáculos para atender una emergencia. Asimismo, Orlando Moreno, coordinador de Derechos Humanos de Vente Venezuela, denunció que las limitaciones están afectando tanto el ingreso de suministros como la participación de rescatistas.

Además de las restricciones, también han surgido denuncias sobre presuntos actos de extorsión en puntos de control. Un caso reportado en Puente Limón, estado Aragua, involucró a un conductor de un camión que transportaba una grúa, quien aseguró que funcionarios le exigieron 1,000 dólares para permitir el paso hacia Caracas. Situaciones similares fueron denunciadas en la vía hacia El Junquito, donde las autoridades impidieron el traslado de alimentos y agua hacia comunidades afectadas, alegando falta de autorización para el ingreso.