Los partidos políticos en la República Dominicana han evadido un control efectivo sobre el manejo de los 28,423 millones de pesos de recursos públicos que han recibido desde el inicio de este siglo, debido a limitaciones en la fiscalización impuestas por la legislación vigente. La Junta Central Electoral (JCE) solo puede revisar informes financieros, mientras que la Cámara de Cuentas no publica auditorías desde 2017.

A pesar de que hace ocho años se creó una unidad de fiscalización en la JCE, sus funciones se limitan a la recepción y revisión formal de informes, sin la capacidad de realizar auditorías o verificaciones de campo. Según Ramón Hilario Espiñeira, director de dicha unidad, la normativa actual no permite comprobar la veracidad de los registros presentados por los partidos.

La Cámara de Cuentas, que debería auditar a los partidos, no ha realizado auditorías desde el 2008 para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y desde el 2016 para el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). La Fuerza del Pueblo (FP), fundada en 2020, no ha sido auditada en absoluto. Desde 2020, los planes anuales de auditoría de la Cámara de Cuentas solo incluyen dos auditorías a organizaciones políticas.

La JCE verifica que las organizaciones lleven su contabilidad, pero no puede actuar sobre el contenido de los reportes. La ley otorga un plazo de seis meses para presentar informes financieros, un tiempo que muchas organizaciones agotan justo antes de la fecha límite. Hasta el 25 de junio de este año, solo cinco de las 41 organizaciones beneficiarias habían entregado su documentación.

Espiñeira señala que la mayoría de los informes llegan entre el 27 y el 30 de junio, lo que limita la capacidad de revisión de la JCE. Este proceso se complica aún más, ya que cada expediente requiere un análisis detallado y la información presentada varía en formato y contenido.

El delegado suplente de la FP, Javier Uviera, defiende que los partidos ejercen su derecho al presentar informes dentro del plazo establecido por la ley. Según él, los recursos entregados por la JCE representan solo entre el 20% y el 40% de los gastos operativos y de campaña de las organizaciones.

Para mejorar la calidad de los reportes, la JCE y la Cámara de Cuentas están desarrollando la plataforma Odoo, que permitirá a los partidos registrar sus operaciones de manera estandarizada. Este sistema comenzará a implementarse en el PRM y luego se extenderá al PLD y la FP, que concentran alrededor del 80% de la contribución estatal a los partidos.

La principal medida sancionadora de la JCE consiste en retener temporalmente los recursos públicos si una organización no presenta sus informes financieros. Espiñeira y su subdirector, Edgar Rodríguez, consideran necesario modificar la Ley de Partidos 33-18 para fortalecer las atribuciones de la unidad de fiscalización.

La presidenta en funciones del PRD, Janet Camilo, coincide en que el marco legal es insuficiente para garantizar una supervisión efectiva de los fondos públicos. Propone que la Cámara de Cuentas audite anualmente los estados financieros de los partidos y que se reformen las leyes de partidos y electoral para establecer sanciones más efectivas.