El Senado de la República Dominicana aprobó un proyecto que modifica la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, lo que implicaría un aumento significativo en las tarifas que deben pagar las grandes empresas por la gestión de sus desechos. Esta iniciativa, que se aprobó el miércoles en un trámite exprés, podría hacer que las empresas con ingresos superiores a 2,000 millones de pesos pasen de pagar 675,000 pesos anuales a 3,000,000 de pesos.

La modificación del artículo 36 de la ley vigente establece una estructura de tarifas escalonada, donde las empresas con ingresos de hasta 5 millones de pesos aportarían 3,500 pesos, mientras que aquellas con ingresos superiores a 100 millones de pesos mantendrían el aporte de 675,000 pesos. Además, se incrementa el número de niveles de contribución de seis a doce, lo que permitirá una segmentación más precisa según los ingresos reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La propuesta también excluye a las organizaciones sin fines de lucro del pago de esta contribución especial, que tiene como objetivo financiar proyectos de gestión de residuos, incluyendo estaciones de transferencia y rellenos sanitarios. Asimismo, se extiende el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición de importar pajillas y productos de foam sin certificación de biodegradabilidad, de 60 días a seis meses, otorgando más tiempo a los importadores y comercios para adaptarse a las nuevas disposiciones.

El proyecto, que fue aprobado sin pasar por el estudio de comisiones, ahora se dirige a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso de aprobación. El diputado Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), respaldó el aumento, argumentando que se busca un equilibrio entre lo que las empresas pagarán y las exenciones fiscales que actualmente disfrutan.

Por otro lado, el diputado Mayobanex Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que el incremento es «excesivo» y debe ser revisado en la Cámara de Diputados. Esta modificación es la segunda que se realiza en menos de un año desde la creación de la ley en 2020.

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) expresó su preocupación por la falta de estudios técnicos que respalden los nuevos montos propuestos, sugiriendo que la normativa debe garantizar criterios de razonabilidad y equidad. La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) también criticó la aprobación, argumentando que se requiere una discusión técnica más amplia.

Finalmente, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó que la rapidez con la que se aprobó el proyecto refleja una falta de consultas que justifiquen los montos establecidos, lo que podría afectar la actividad productiva nacional.