Organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, choferiles y de derechos humanos denunciaron amenazas y ejecuciones de desalojos en La Caleta, específicamente en Gran Valiente, lo que genera incertidumbre en cientos de familias. A través de un comunicado, afirmaron que muchas de estas familias han dedicado años a construir sus viviendas y ahora enfrentan el riesgo de perderlas de manera abrupta.

Los representantes de estas entidades sostienen que los desalojos violan el derecho a la vivienda, tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución dominicana y diversos tratados internacionales firmados por el país, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este contexto, pidieron al presidente Luis Abinader que declare de utilidad pública las parcelas donde se han construido estas viviendas, que han sido ocupadas durante años por las familias afectadas.

Además, solicitaron el retiro inmediato del abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria y la aprobación de una moratoria a los desalojos en el Congreso Nacional. También pidieron la creación de un protocolo especial para manejar estos procesos de desalojo.

Francisca Sánchez, portavoz de los afectados, instó al director de la Policía Nacional a intervenir y evitar que grupos delincuenciales se aprovechen de los desalojos para robar pertenencias de los afectados. Esta situación ha generado un clima de tensión y preocupación en la comunidad.

El comunicado cuenta con el respaldo de varias organizaciones, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, y el Movimiento Municipal por los Derechos de La Caleta, entre otros. Estas entidades han unido esfuerzos para proteger los derechos de las familias en riesgo de desalojo.

La situación en Gran Valiente refleja un problema más amplio relacionado con el acceso a la vivienda en el país, donde muchas familias luchan por mantener sus hogares ante la amenaza de desalojos forzosos. La comunidad espera una respuesta rápida y efectiva de las autoridades para resolver esta crisis.