A poco más de un mes para el cierre de la actual legislatura, el proyecto de ley que busca transformar la estructura de la Policía Nacional sigue estancado en una comisión especial del Senado, sin que se haya presentado un informe al pleno para su consideración. La iniciativa, considerada la principal pieza legislativa de la reforma policial impulsada por el Gobierno desde 2021, fue depositada en la Cámara Alta el 8 de diciembre de 2025.

Siete meses después de su sometimiento, el proyecto permanece bajo estudio y enfrenta trámites pendientes que podrían impedir su aprobación antes del 26 de julio, fecha en que concluye la legislatura ordinaria. Si no es aprobado por ambas cámaras antes de esa fecha, el proyecto caducará y deberá iniciar nuevamente todo el proceso legislativo.

Progreso del proyecto

El presidente de la comisión que estudia la propuesta, el senador Franklin Romero, admitió que aún faltan varios pasos antes de rendir un informe favorable o desfavorable al pleno senatorial. Aunque los comisionados concluyeron la lectura y análisis de los 345 artículos que conforman la iniciativa y recibieron opiniones de diversas entidades, aún están pendientes observaciones de algunos legisladores y un informe del Departamento de Revisión Legislativa (DRL), que solicitó y recibió una prórroga de dos semanas para evaluar aspectos legales y constitucionales del proyecto.

A esto se suman nuevas modificaciones remitidas recientemente por el Ministerio de Interior y Policía, relacionadas con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal prevista para agosto próximo. Romero aseguró que la iniciativa es compleja, ya que aborda aspectos vinculados a derechos fundamentales y a la transformación integral de la Policía Nacional, lo que ha generado diversas opiniones durante su análisis.

Objetivos de la reforma

El legislador expresó que la reforma busca modernizar una legislación policial que considera desactualizada, recordando que la normativa vigente tiene décadas de existencia y solo fue objeto de modificaciones parciales en 2016. Entre las novedades de la propuesta, destacó el fortalecimiento de los mecanismos internos de control y supervisión dentro de la institución, con el objetivo de mejorar la transparencia y la capacidad de investigar posibles actos irregulares cometidos por agentes policiales.

La legislación también contempla cambios en los procesos de captación y formación de nuevos miembros, como parte de los esfuerzos para profesionalizar el cuerpo del orden y elevar los estándares de desempeño de sus integrantes. Al referirse a los casos recientes de agentes vinculados a actividades ilícitas, incluyendo investigaciones que involucran a altos oficiales, Romero afirmó que la reforma busca establecer mayores controles y mecanismos de rendición de cuentas.

La reforma policial constituye una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno dentro del proceso de transformación de los organismos de seguridad y justicia, aunque su aprobación definitiva dependerá de que el Congreso logre completar su conocimiento antes del cierre de la legislatura.