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Países Bajos confirma primer caso de eutanasia infantil legalizada

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Las autoridades de Países Bajos confirmaron el primer caso de eutanasia practicada a un niño de entre 1 y 12 años desde la entrada en vigor, en febrero de 2024, de la normativa que permite este procedimiento en menores con enfermedades incurables que padezcan un sufrimiento insoportable y sin posibilidades de recuperación.

La ministra de Salud neerlandesa, Sophie Hermans, informó al Parlamento que la comisión encargada de supervisar los casos de terminación de la vida en recién nacidos y niños recibió la notificación a finales del año pasado y recientemente concluyó la evaluación del expediente.

La comisión examinó toda la documentación médica y escuchó al profesional responsable del procedimiento, remitiendo sus conclusiones a la Fiscalía, que deberá determinar si la actuación se ajustó plenamente a la legislación vigente. Las autoridades no han revelado la edad exacta del menor ni la enfermedad que padecía, alegando motivos de privacidad y confidencialidad.

La normativa neerlandesa establece que la eutanasia puede aplicarse a niños de entre 1 y 12 años que se encuentren en fase terminal, sufran de manera insoportable y no tengan perspectivas de mejoría. Además, requiere el consentimiento de los padres y la evaluación favorable de al menos un médico independiente.

Este caso es el primer expediente registrado dentro de esta categoría desde que el Gobierno amplió la legislación sobre eutanasia. Hasta entonces, la normativa contemplaba únicamente a recién nacidos en circunstancias excepcionales y a menores mayores de 12 años.

Cuando la ley fue aprobada, las autoridades estimaron que aproximadamente cinco niños al año podrían reunir las condiciones para acceder a este procedimiento, muchos de ellos relacionados con anomalías congénitas graves o enfermedades metabólicas de evolución irreversible.

La ampliación de la regulación generó un intenso debate en el país. Partidos conservadores y organizaciones confesionales expresaron reservas sobre la medida, mientras que asociaciones médicas defendieron la necesidad de contar con un marco legal para atender situaciones extremas de sufrimiento infantil.

El informe también indica que durante 2025 la comisión recibió tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo relacionadas con fetos afectados por graves daños cerebrales. Los médicos determinaron que no existían tratamientos capaces de modificar el pronóstico y que, de llegar al nacimiento, los niños habrían enfrentado severas discapacidades neurológicas.

Hasta el momento, la Fiscalía neerlandesa no ha procesado a ningún médico en los casos examinados bajo este marco legal, que contempla excepciones para los médicos que cumplan rigurosamente los criterios establecidos.

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