La Corte Penal Internacional (CPI) asegura que durante sus investigaciones se respetan los derechos fundamentales de las personas involucradas, garantizando que nadie será obligado a declarar en su contra ni a declararse culpable. Según el Estatuto de Roma, se prohíbe cualquier forma de coacción, intimidación, tortura o tratos crueles.

En el proceso de investigación, aquellos que sean interrogados en un idioma que no comprenden tendrán acceso gratuito a un intérprete competente y a las traducciones necesarias para asegurar un proceso equitativo. Además, se establece que nadie podrá ser arrestado o detenido arbitrariamente, salvo en los casos y procedimientos previstos por el Estatuto.

Si hay motivos para sospechar que una persona ha cometido un crimen bajo la jurisdicción de la CPI, esta debe ser informada antes de ser interrogada por el Fiscal o las autoridades nacionales. El Estatuto de Roma también garantiza que la persona sea notificada sobre la existencia de pruebas en su contra.

Antes del interrogatorio, se debe informar a la persona sobre su derecho a guardar silencio, sin que esto afecte la determinación de su culpabilidad o inocencia. Este derecho es fundamental para asegurar un proceso justo.

Asimismo, la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado de su elección. Si no cuenta con uno, se le asignará un defensor de oficio, sin costo, si se considera necesario para el interés de la justicia.

Finalmente, el interrogatorio deberá llevarse a cabo en presencia de un abogado, a menos que la persona renuncie voluntariamente a este derecho, conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Estas garantías son esenciales para el respeto de los derechos humanos en el ámbito de la justicia internacional.