El mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou fueron condenados a 20 años de prisión y al pago de 5,000 millones de pesos al Estado dominicano por un caso de corrupción administrativa. La decisión fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que también ordenó el pago de 400 salarios mínimos.

Los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público valoraron la sentencia como un hito en la lucha contra la corrupción. José Alberto Ortiz, miembro del equipo, destacó que esta indemnización es la más alta otorgada a una víctima en un caso de corrupción pública, reconociendo al Estado dominicano como víctima de los actos de los condenados.

Ortiz afirmó que las juezas acogieron los argumentos del Ministerio Público y la representación civil del Estado, especialmente en relación a los daños ocasionados por las acciones de los implicados. «Saludamos la decisión del tribunal», expresó, resaltando el esfuerzo de las juezas en aceptar la teoría del Ministerio Público y los daños morales presentados.

El tribunal identificó varios perjuicios al Estado, incluyendo el daño reputacional que sufrieron las instituciones públicas, así como el impacto negativo en el turismo dominicano a través de la Policía Turística. «Reconocieron que el Estado dominicano sufrió un daño reputacional», agregó Ortiz.

Los recursos ordenados por el tribunal deberán regresar al patrimonio público. Ortiz también enfatizó que la sentencia envía un mensaje claro a la sociedad sobre la intolerancia hacia la corrupción y la impunidad, independientemente de la posición que se ocupe.

El equipo de recuperación estuvo compuesto por José Alberto Ortiz Beltrán, Rafael Rivas y Alberto Camacho. Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo también condenaron al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien recibió una pena de cinco años de prisión por colaborar con el Ministerio Público.

La estructura de corrupción operó entre 2012 y 2020, utilizando recursos de diversas entidades estatales, como el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), para desviar fondos públicos destinados a inteligencia, combustibles, alimentación y nóminas.