El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha condenado a 20 años de prisión a los cabecillas de una red de corrupción que operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) entre 2012 y 2020. Los condenados son el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, quienes también deberán devolver al Estado dominicano 5,000 millones de pesos.

El tribunal determinó que el esquema consistía en la sustracción sistemática de fondos de las nóminas de ambas instituciones, donde se reclutaban policías y militares que, a pesar de recibir salarios de entre 20,000 y 70,000 pesos mensuales, no cumplían funciones reales y devolvían la mayor parte de su salario a los «cabezas recolectoras». Estos fondos eran luego entregados a Núñez de Aza, quien era el gerente financiero del Cusep.

Mensualmente, la red recolectaba entre 1.7 y 1.9 millones de pesos en el Cusep y alrededor de 1.2 millones en Cestur. Además, el tribunal evidenció que la red desviaba fondos destinados a áreas críticas para la seguridad nacional y que intentó replicar su modelo en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Para ocultar el origen del dinero sustraído, los implicados utilizaron una red de personas y empresas. La sentencia destacó que los miembros del entramado adquirieron bienes y aumentaron su patrimonio de manera injustificada. Núñez de Aza fue condenado por lavado de activos agravado, soborno, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

El tribunal también subrayó la desproporción entre los ingresos lícitos de Cáceres y su patrimonio, ya que con un salario de 245,000 pesos, llegó a pagar cuotas de préstamos que superaban los 512,000 pesos mensuales en 2017. Para lavar los fondos, utilizó la Asociación Campesina Madre Tierra y empresas como CCNA Universo Empresarial.

En el caso de Torres Robiou, se determinó que movilizó alrededor de 65 millones de pesos a pesar de que sus ingresos oficiales entre 2017 y 2021 apenas sumaron 3.7 millones. Utilizó la empresa Único Real Estate para ocultar la compra de un apartamento, pagando parte con un cheque de administración de 13 millones de pesos obtenido en efectivo.

Además de las penas de 20 años, el tribunal impuso 15 años de prisión al general Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán. En total, 29 personas físicas y jurídicas fueron condenadas, con penas suspendidas para algunos colaboradores que admitieron su participación.

La justicia también ordenó la disolución de varias empresas involucradas y el pago de multas significativas. El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la decisión como «histórica» y una victoria contra la impunidad, resaltando la condena de 29 personas que formaban parte de esta estructura criminal.