A medida que avanza el tiempo en el Palacio Nacional, la percepción de que el presidente Luis Abinader no podrá cumplir con sus numerosas promesas se convierte en una realidad palpable. Su ambicioso plan “Frontera Fuerte”, diseñado para abordar las vulnerabilidades en la frontera con Haití, se presenta como una solución, pero la ciudadanía exige resultados concretos ante un mandato que se agota. La falta de acciones visibles y efectivas ha generado críticas sobre la capacidad del gobierno para ejecutar sus proyectos.

El plan “Frontera Fuerte” incluye la ampliación de la verja perimetral con 14 nuevos kilómetros en Jimaní, la construcción de un nuevo mercado binacional en Restauración y la integración del Sistema 911 en Montecristi y Dajabón. Sin embargo, la realidad en la zona muestra décadas de precariedad y falta de regulación, lo que pone en duda la viabilidad de estas iniciativas. La pregunta que surge es si hay tiempo y recursos suficientes para llevar a cabo estos planes antes de que finalice su mandato.

Mientras el gobierno se centra en la frontera, las necesidades de las provincias parecen quedar en un segundo plano. La desconexión entre las urgencias geopolíticas y las necesidades locales es evidente, lo que genera descontento entre la población. La seguridad alimentaria y la tranquilidad en las calles son aspectos que requieren atención inmediata, más allá de la infraestructura fronteriza.

La situación del sector agropecuario es crítica, con pequeños productores enfrentando dificultades debido a la falta de apoyo financiero y el mal estado de los caminos. Esto ha llevado a que muchos productos se pierdan en el campo, lo que contrasta con el alto costo de la canasta básica en los supermercados. La percepción de que el gobierno planea mucho pero ejecuta poco se ha vuelto común en las provincias agrícolas.

El financiamiento de grandes proyectos a través del endeudamiento público es una estrategia arriesgada que podría resultar en obras inconclusas. Con el puente Don Miguel en Capotillo apenas al 20% de su construcción, el temor a que el país termine con «esqueletos de varilla y cemento» aumenta. Estos proyectos, que consumen recursos sin ofrecer soluciones, son un reflejo de la improvisación en la gestión gubernamental.

La inseguridad ciudadana también sigue siendo un problema sin resolver. La reforma policial avanza lentamente, y los ciudadanos continúan enfrentando el microtráfico y los asaltos en sus comunidades. La falta de paz social es una preocupación que podría marcar el final del mandato de Abinader.

El plan “Frontera Fuerte” aborda temas cruciales para la seguridad nacional, pero la efectividad de un líder se mide por su capacidad de acción y entrega. Con el ciclo electoral a la vista, Abinader se enfrenta a una decisión crítica: priorizar la consolidación de su agenda actual y el apoyo al sector agrícola, o seguir prometiendo megaproyectos en un tiempo que se agota rápidamente.