La presidenta de la Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la «suspensión provisional» del presidente Gustavo Petro por su supuesta participación en la actual campaña política presidencial, lo que se considera una falta gravísima en Colombia. Esta medida cautelar, sin precedentes en el país, busca acelerar el proceso de suspensión total del mandatario, que solo puede ser ordenado por el Senado según la Constitución.

Arizabaleta argumenta que la participación de Petro se evidencia en la difusión de mensajes a través de su cuenta oficial @petrogustavo entre el 6 y el 9 de junio de 2026, donde se refiere directamente a candidatos y a la campaña presidencial. Uno de los mensajes califica a Juan Manuel Restrepo, candidato a la vicepresidencia, como «un extremista de la derecha de la iglesia católica».

La presidenta de la comisión es representante a la Cámara por una de las fuerzas del Pacto Histórico, el partido de Petro, y exesposa de Roy Barreras, exembajador en Londres. Arizabaleta sostiene que la medida es necesaria debido a la posibilidad de que la conducta del presidente continúe, especialmente con la segunda vuelta electoral programada para el 21 de junio.

Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, recordó que la Comisión de Acusaciones no tiene la facultad para suspender al presidente, ya que es una comisión de instrucción. Solo el Senado puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador.

Barreras también destacó en su cuenta de X que la decisión carece de validez jurídica y que la Comisión Legal de Acusaciones no tiene atribuciones para tomar una decisión de este tipo, considerándola inconstitucional.

Según el artículo 194 de la Constitución colombiana, un presidente solo puede ser inhabilitado por su muerte, renuncia aceptada, destitución decretada por sentencia, incapacidad física permanente o abandono del cargo, siendo estos últimos declarados por el Senado.

La Comisión de Acusaciones, compuesta por dieciséis congresistas de diferentes partidos, es la única instancia que puede investigar a un presidente. Si se presentan cargos, el caso pasa a la Cámara de Representantes y luego al Senado, donde se decide sobre la destitución del mandatario.

Históricamente, ningún presidente en Colombia ha sido suspendido, destituido o inhabilitado. Aunque varios han enfrentado procesos en la Comisión de Acusaciones, solo el del expresidente Ernesto Samper ha prosperado, siendo absuelto en 1996 tras ser acusado de recibir financiación del narcotráfico.

Petro también enfrenta investigaciones por denuncias de financiación irregular de su campaña, así como por el proceso judicial que involucra a su hijo Nicolás Petro y a miembros cercanos de su partido, aunque estas no han avanzado. En 2013, el mandatario fue inhabilitado como alcalde por irregularidades en la recolección de basuras, suspensión que fue revocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.