El asesinato del periodista Marcelino Vega Peguero el 7 de abril de 1981 en Santo Domingo, revela crímenes de Estado en la República Dominicana, a pesar de la llegada del PRD al poder con Antonio Guzmán Fernández. Vega, quien era columnista del vespertino La Noticia, fue abatido por agentes policiales mientras cubría una huelga de obreros municipales. Este crimen, que también cobró la vida del canillita Ciprián Valdez, ocurrió bajo el gobierno de Guzmán, lo que plantea serias interrogantes sobre la democracia en ese momento.

El relato del asesinato no solo se centra en el crimen, sino que también destaca el perfil ético de Vega, un comunicador comprometido con el idealismo social desde sus años de estudiante en el Liceo César Nicolás Penson y su militancia en el Comando Revolucionario Camilo Torres (CORECATO). En su momento, el entonces síndico Franco Badía intentó encubrir el hecho alegando un «intercambio de disparos», lo que buscaba proteger a figuras del gobierno, como el secretario de Educación, Pedro Porrello Reynoso.

Después de décadas de impunidad, se sigue exigiendo justicia contra los responsables materiales: Melitón Jorge Balderas, Sánchez Ulloa y Hilario Márquez Liriano. El asesinato de Vega marcó un quiebre en la narrativa oficial, que intentó presentar el hecho como un incidente aislado, cuando en realidad fue un crimen de Estado perpetrado por agentes del orden público.

Elementos del crimen de Estado

El crimen se convierte en un asunto de Estado cuando quienes lo cometen son funcionarios públicos actuando en el ejercicio de sus funciones. Vega y Valdez no fueron víctimas de un fuego cruzado, sino que fueron tiroteados por una patrulla de la Policía Nacional mientras realizaban su labor informativa en la calle Juan Erazo.

El encubrimiento institucional es otra característica de los crímenes de Estado. En este caso, la narrativa impuesta por Badía buscaba criminalizar la protesta y absolver a los agentes involucrados, quienes actuaron con la misma impunidad que en los años de Balaguer. La Noticia había estado denunciando irregularidades en el gobierno, incluyendo un contrato perjudicial de Porrello con una empresa española, lo que hacía necesario silenciar al medio y amedrentar a sus reporteros.

La paradoja de la transición democrática

El gobierno de Guzmán es recordado por iniciar el desmantelamiento de la represión del balaguerato, liberando presos políticos y permitiendo el regreso de exiliados. Sin embargo, el caso de Vega demostró que los métodos represivos aún persistían, evidenciando que el aparato policial y militar mantenía su intolerancia hacia la disidencia y la prensa libre.

La falta de un proceso judicial transparente y contundente para los autores del crimen ha permitido que la demanda de justicia se extienda por más de 40 años. Al ser perpetrado por la fuerza pública y protegido por una narrativa de encubrimiento, el asesinato de Marcelino Vega se califica como un crimen de Estado, un capítulo doloroso en la historia de la prensa dominicana.

La historia de estos crímenes continúa dejando una deuda de sangre en la democracia dominicana, que aún enfrenta las sombras de un pasado violento. El siglo XX fue testigo de una época de sangre y muerte para la prensa, donde los principios éticos del periodismo chocaban con la política represiva del Estado.