La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Desacatados (AFAMIDESA) apoyó la promulgación de la Ley Alerta Verde RD por parte del presidente Luis Abinader, destacando su relevancia para la sociedad. Esta ley, oficialmente denominada Ley 25-26, establece un marco legal para la búsqueda de personas desaparecidas en la República Dominicana.

La nueva legislación proporciona al Estado un régimen jurídico que permite una respuesta rápida ante casos de desaparición, priorizando la dignidad humana y la protección de los sectores más vulnerables. Su objetivo es diseñar un mecanismo de difusión masiva e inmediata de información sobre personas desaparecidas, integrando esfuerzos de instituciones estatales, medios de comunicación y la sociedad civil.

Activación de alertas y clasificación

Según el periodista José Antonio Thomas, vocero de AFAMIDESA, la ley estipula que la Policía Nacional o el Ministerio Público deben activar el sistema de alertas de manera conjunta e inmediata, dentro de un plazo no mayor a 24 horas tras recibir la denuncia de desaparición. Además, la normativa clasifica las alertas según el perfil de la persona afectada.

Las categorías de alertas incluyen: Alerta Amber para la sustracción de menores; Alerta Silver para adultos mayores de 65 años; Alerta Azul para personas con discapacidades; y Alerta Rosa para mujeres en situaciones de violencia de género o trata de personas.

Difusión y registro de desaparecidos

Las alertas tendrán una vigencia inicial de cinco días, prorrogables según sea necesario, y se difundirán a través de redes sociales, medios tradicionales, terminales de transporte y boletines policiales. La ley también crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada bajo la supervisión de la Policía Nacional.

Este registro incluirá una plataforma de consulta pública con información sobre las víctimas, garantizando el respeto a su intimidad. Para dirigir la implementación de la ley, se establece el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que estará adscrito al Ministerio de Interior y Policía.

El consejo será consultivo e incluirá representantes de diversas instituciones, como la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa. La ley también introduce sanciones para los servidores públicos que no informen sobre casos de desaparición, reafirmando el compromiso del Gobierno dominicano con la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.