La discusión sobre la reforma al Código de Trabajo en la Cámara de Diputados ha reabierto el debate sobre la cesantía, un tema sensible en el mercado laboral dominicano. Durante años, se ha argumentado que la cesantía es un obstáculo para la generación de empleos formales y la competitividad empresarial, siendo considerada un «costo oculto» o una «carga excesiva». Sin embargo, una revisión objetiva de la realidad laboral en el país no respalda estas afirmaciones.

La cesantía no es un privilegio, sino una garantía social que reconoce la vulnerabilidad del trabajador en la relación laboral. Ante una terminación unilateral del contrato sin causa, el trabajador merece una compensación que le permita afrontar la transición hacia un nuevo empleo. Este principio es fundamental para proteger los derechos de los trabajadores.

Derechos laborales y progresividad

Desde una perspectiva constitucional, el debate sobre la cesantía no puede limitarse a criterios económicos. La Constitución dominicana reconoce el trabajo como un derecho fundamental y establece el principio de progresividad de los derechos sociales, lo que obliga al Estado a promover la protección de estos derechos. Esto implica que los niveles de protección alcanzados no deben ser reducidos de manera arbitraria.

La progresividad no implica que las leyes laborales sean inalterables, sino que cualquier reforma debe buscar ampliar y fortalecer la protección de los derechos existentes. Por lo tanto, cualquier propuesta que busque limitar la cesantía debe demostrar que los beneficios sociales superan los derechos que se pretenden restringir.

Es acertado mantener la figura de la cesantía en el proyecto de reforma que se estudia actualmente en el Congreso Nacional. No se puede atribuir la informalidad laboral en la República Dominicana a la cesantía, ya que el país ha mantenido altos niveles de informalidad independientemente de las condiciones económicas y regulatorias. Las causas son más complejas y están relacionadas con la baja productividad y la cultura de cumplimiento de las obligaciones laborales.

Estabilidad social y crecimiento económico

Las empresas que cumplen con las normativas consideran la cesantía como una obligación financiera, no como un costo oculto. La discusión debería enfocarse en fortalecer la cultura empresarial que respete las obligaciones legales. Además, la cesantía es un respaldo económico crucial para muchas familias al perder su fuente de ingresos, funcionando como un mecanismo de estabilidad social.

Es preocupante que se considere el respeto a los derechos laborales como un obstáculo para el crecimiento económico. La experiencia internacional muestra que los mercados laborales más sólidos son aquellos con mayor seguridad jurídica y mecanismos de protección efectivos. La discusión debe ir más allá de la cesantía, abarcando la modernización de los procedimientos laborales y la promoción de la formalización.

Por ello, se hace un llamado a los diputados para que recuerden que la modernización legislativa no debe construirse sobre la reducción de derechos sociales. La verdadera reforma consiste en crear mejores condiciones para trabajar con dignidad, sin sacrificar derechos conquistados. El desafío radica en construir una economía más productiva y formal, respetando la dignidad de quienes trabajan.

La cesantía no es el problema; el verdadero desafío es construir una economía que genere más oportunidades, protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales. El desarrollo económico y la protección de los derechos laborales son objetivos que deben ir de la mano, buscando un progreso integral para la sociedad dominicana.