La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz expresó su desacuerdo con la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien lo envió a juicio de fondo. Argumentan que la acusación se basa más en una narrativa construida a lo largo de los años que en las pruebas presentadas durante casi seis años de investigación.

Los abogados de Guerrero, Eduardo Núñez, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez, criticaron el rechazo de la magistrada Altagracia Ramírez a su solicitud de extinción de la acción penal, señalando que no se le atribuyó a Guerrero ni a su equipo legal ninguna actuación dilatoria en el proceso.

En un comunicado, la defensa destacó que uno de los pilares de la acusación es la alegación de un supuesto fraude relacionado con RD$ 21 mil millones. Aseguran que durante la fase preliminar se incorporaron certificaciones oficiales que demuestran que esos recursos nunca abandonaron el patrimonio estatal.

Además, explicaron que el Banco de Reservas certificó que los RD$ 21 mil millones fueron recibidos y aplicados al programa de pago a contratistas del Estado, según su Informe Anual 2020. Esto refuerza su argumento de que los pagos realizados por concepto de expropiaciones se llevaron a cabo dentro del marco legal.

La defensa también subrayó que los pagos estaban respaldados por sentencias judiciales y tasaciones autorizadas. La jueza, de hecho, ordenó el pago del 20% restante de varias expropiaciones, reconociendo la legitimidad de esas obligaciones y los derechos de los reclamantes.

Otro aspecto que consideran incompatible con la decisión es el resultado del peritaje financiero y patrimonial solicitado por el tribunal. Este informe concluyó que el patrimonio de Guerrero proviene de actividades comerciales transparentes desarrolladas durante décadas en República Dominicana y Puerto Rico.